Van tres de las 14 candidaturas al mismo número de gubernaturas que estarán en disputa en el 2016 y el CEN del PRI cada vez se aleja más de su promesa de cumplir con la paridad de género. Claro está que cuando la secretaria general del tricolor, Carolina Monroy del Mazo, anunció hace un mes que la mitad de las nominaciones incluso las suplencias serían para mujeres, se refería a las diputaciones locales y alcaldías.

¿Acaso no hay seis mujeres competitivas? Al contrario. Pero en la era beltronista, la vocación del partido oficialista es obtener triunfos claros, incontrovertibles. Y el cumplimiento de esa tarea implica sacrificios, incluso a costa del discurso paritario.

De las 11 candidaturas que restan por definir, sólo la procuradora del consumidor, Lorena Martínez, por Aguascalientes, y la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga, por Hidalgo, están en la carrera. En Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas entre los principales prospectos no figuraban mujeres.

Para Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, las posibilidades de Mariana Benítez, Blanca Alcalá, Paloma Guillén Vicente se ven disminuidas drásticamente, a juzgar por las decisiones tomadas por la dirigencia priista en Chihuahua y Durango, donde las aspirantes quedaron relegadas... todo en aras de la unidad.

La excepción de la fórmula beltronista es Tlaxcala, donde las fuerzas políticas predominantes incluida Morena irían con candidatas. Allá, el PRI puede contar con dos aspirantes competitivas: la ex funcionaria federal Anabell Ávalos Zempoalteca y la ex diputada federal Guadalupe Sánchez Santiago, quienes aunque representan a sendos grupos políticos estatales no cuentan con el visto bueno del gobernador Mariano González Zarur.

La unidad dentro de la inclusión es la fórmula beltronista. ¿Nadie queda fuera? Que le pregunten a las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz, quienes también representaban a sendos grupos políticos... ambos, curiosamente, cercanos al Palacio de Covián, pero lejanos al gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Ojalá las gubernaturas fueran de un año , ha dicho Beltrones Rivera, más en serio que en broma, a los aspirantes en las mesas de negociación, con un año de gobierno para cada uno, eso saldríamos adelante .

Pero que no todos los aspirantes perdedores son iguales. Y a sabiendas de que muchos excluidos van con la oposición y derrotan al PRI, el método contempla medidas coercitivas para obligar a los relegados a trabajar con los ganadores. Así ocurrió en Durango, donde la senadora Leticia Herrera Ale fue emplazada a la candidatura a la alcaldía de su natal Gómez Palacio.

Una prueba de lealtad infranqueable. Y es que sin los votos por la heredera del emporio lagunera quien con estoicismo aceptó dejar su escaño , el ex alcalde de la capital, Esteban Villegas, difícilmente podría ganarle al panista José Rosas Aispuro Torres en la contienda por la gubernatura. A menos de que haya voto cruzado, por supuesto.

Para Chihuahua, el CEN del PRI también relegó a las mujeres, aunque eran minoría en la decena de aspirantes y no figuraban entre las principales adversarias del ungido. En cambio, los dos contendientes mejor posicionados alcanzan premio de consolación.

Antes de la pausa navideña, Manlio Fabio Beltrones apuró el mecanismo de concertación y junto con el gobernador César Duarte, alineó intereses y definió los candidatos que el PRI postulará en Chihuahua. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar, será nominado a la gubernatura, mientras que su antecesor y ex diputado federal, Héctor Teto Murguía, volverá a ser postulado y si triunfa, sería alcalde de aquella urbe fronteriza por quinta vez, en dos décadas. Lucía Denisse Chavira Acosta, quien está casada con el ex alcalde Marco Adán Quesada y es funcionaria de la administración priista, competirá por la alcaldía de la capital.

Unidad excluyente. ¿Y los estatutos? Justo hace un mes, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó sendos acuerdos con los que mandatan a los comités estatales y a sus respectivos consejeros políticos, a instrumentar procedimientos electivos que garanticen que 50% de los distritos electorales en los 13 estados que irán a las urnas el 7 de junio sean definidos en convención de delegados y el restante por la comisión para la postulación de candidatos. Con ese candado, la paridad de género está garantizada.

Efectos secundarios

NO AL OLVIDO. Tras de una década de impunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió admitir el caso de la desaparición del periodista sonorense José Alfredo Jiménez Mota, quien tenía 25 años al momento de su abducción y cubría temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo. La CIDH concluyó que tiene competencia para analizar el caso y que la petición de la SIP, presentada hace dos años por el organismo, es admisible. Puso a disposición de las partes, la posibilidad de alcanzar una solución amistosa e informó que en octubre pasado aprobó un informe sobre el caso al que asignó el número de referencia 13.007. Entre los argumentos presentados por la SIP a la CIDH se destacó que en este caso se violaron garantías constitucionales que se extienden más allá del periodista, y afectó además a su familia, en su derecho a la verdad; a sus colegas por la impunidad y el incumplimiento del Estado en proveer seguridad para desarrollar su oficio con independencia y seguridad. En los últimos 25 años, la SIP ha sometido 29 casos impunes de asesinatos de periodistas ante la CIDH, de ellos cinco son mexicanos.