Hemos escuchado en las últimas semanas diversas voces de legisladores, funcionarios y empresarios sobre la necesidad de que el Congreso discuta, de nueva cuenta, una reforma fiscal. Las propuestas rondan en los lugares comunes de ampliar la base de contribuyentes, eliminar regímenes privilegiados, homologar el IVA, escoger entre el IETU y el ISR y simplificar impuestos.

Aunque sin duda loable, ésta ha sido la agenda que al final siempre resulta rechazada en cada debate legislativo, dando pie a una serie de parches que obedecen a políticas públicas improvisadas e ineficientes.

Tan sólo en lo que va de la presente administración hemos presenciado la mayor alza impositiva que se recuerde: En el 2007, se eliminaron las deducciones del Impuesto al Activo y se limitó la exención de venta de casa-habitación.

En el 2008, se adicionó el IETU al ISR, surgió el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE) y el IEPS a juegos y sorteos. En el 2009, subió la tasa del IETU y para el 2010 se elevó el ISR a 30%, el IDE en 50% y el IVA a 16%, al tiempo en que se gravó con IEPS a las telecomunicaciones y se incrementó este gravamen a cigarros, cerveza y alcoholes.

Ello, sin olvidar que se estableció una recaudación retroactiva a la consolidación fiscal, se eliminó el acreditamiento entre el ISR y el IETU, y se elevaron derechos y tarifas del sector público.

Por ello, más que revisar los ingresos fiscales, debemos analizar urgentemente el rubro del presupuesto, que no ha dejado de crecer en términos reales cada año. La recaudación del IETU hasta el año pasado apenas cubre el monto del subsidio dado al SME en ese mismo lapso.

¿Ya no quedan otros subsidios de este tipo? El presupuesto del IFE en un año sin elecciones federales es cercano a la mitad del de la UNAM, que cada año deja a miles de estudiantes fuera de sus aulas. El costo por legislador asciende a 15 millones de pesos por año. Los ejemplos son interminables, como lo son oprobiosos. Cuando al mismo tiempo presenciamos qué áreas prioritarias carecen de recursos, una costosísima burocracia se resiste a reorientar el gasto presupuestal para no perder privilegio alguno.

Debe alertarnos el que sean los propios legisladores quienes animen la idea de una reforma fiscal. La experiencia y una sana dosis de sospecha nos hacen pensar que, más que un presupuesto fortalecido y eficiente, se demandarán recursos para transferirlos a estados y municipios, así como para financiar ciertos programas públicos, todo ello teniendo en mira los procesos electorales que se avecinan, incluyendo el de la renovación de poderes federales en el 2012.

Si los legisladores no están dispuestos a eliminar la costosa y regresiva tasa cero del IVA a alimentos y medicinas, lo que ahorraría más de 150,000 millones de pesos anuales al erario público, mejor que ni se comprometan a sacar adelante la reforma fiscal que creen que necesita el país. Que ni le muevan. Ya que sea la próxima Legislatura la que se preo­cupe por recuperar los recursos que se perderán cuando desaparezca la Tenencia en el 2012.

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