La recuperación de las instalaciones mineras de estos últimos días han sido impecables. Sorpresivas y precisas. Operaciones sin un solo disparo que han concluido en la recuperación de instalaciones estratégicas con saldo blanco. Tras Cananea y Pasta de Conchos, y con el antecedente de Luz y Fuerza del Centro, no es posible reprochar al gobierno el uso de una fuerza desmedida en la ejecución de actos de autoridad.

Sin la intervención del Ejército, estas operaciones han sido sorpresivas, discretas y muy limpias. El problema viene en los días posteriores. En las consecuencias que debe padecer un país donde apoyar la ilegalidad no tiene consecuencias.

Luz y Fuerza, por ejemplo, a pesar de que el gobierno de la ciudad de México fue de los principales beneficiarios de la desaparición de ese engendro eléctrico, ha sido esa administración la principal promotora y solapadora de una resistencia sindical que no tienen ningún sustento jurídico.

Ahora, con los extrabajadores de Cananea ocurre lo mismo. Sólo que los mineros fieles a la causa de Napoleón Gómez Urrutia encuentran el respaldo a su discurso en la cobija protectora del PRI.

Por más que presuman modernidad, en el ADN del tricolor corre esa sangre corporativa que protege hasta con grados de complicidad a personajes impresentables, tolerados por su aportación económica o con votos para la causa.

Ni siquiera el coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Francisco Rojas, desconoce que una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es inatacable e inapelable, pero confía en que los demás lo ignoren y por ello, declara que los tricolores respaldan a los trabajadores, porque tienen una gran alianza con ellos.

A lo largo de los tres últimos años quedó claro que lo que menos interesaba a los trabajadores de Cananea, que promovieron y mantuvieron primero la huelga y después la toma de las instalaciones, fue el tema laboral. Las ofertas de mejora que hizo Grupo México estaban de envidia para muchos sectores y otros mineros, nunca lo aceptaron.

No hay duda de que asistimos a la exhibición del músculo que le queda a Napoleón Gómez Urrutia, quien es requerido por la justicia mexicana por un presunto fraude con recursos pertenecientes a los mismos trabajadores que lo amparan.

No hay duda que fueron sorprendidos los extrabajadores que mantenían el control de las instalaciones de manera ilegal, que no pudieron hacer estallar la mina como habían amenazado y que para cuando quisieron reaccionar ya estaban en la calle.

Por eso, en la desesperación, llegó la impunidad declarativa: que si había heridos de bala, que si había mujeres y niños heridos, que si había muertos y desaparecidos. En fin, toda la verborrea proselitista del manual de protestas.

Una fórmula exitosa en el caso de los extrabajadores de Luz y Fuerza fue la indemnización superior a la que le correspondería a cualquier trabajador en términos de ley.

Una figura altamente injusta con la generalidad de los trabajadores que son sometidos a una liquidación, pero efectiva al momento de buscar desactivar una bomba social. Digamos que se trata de la prestación de ley, más un bono de paz.

El éxito entre los electricistas fue contundente, porque se escindió el sindicato, muchos cobraron su prestación y calificaron para ser recontratados o empleados de manera externa. Esto desarmó los argumentos laborales de Martín Esparza.

Ahora, el planteamiento estratégico de la Secretaría del Trabajo es similar: una liquidación más allá de lo generoso y la opción de calificar para la próxima reapertura de la mina.

Y, claro, están los que aman a Napoleón, pero también los que comen y tienen familia, así que el planteamiento podría tener éxito.

Lo determinante será qué tanto se hace valer la ley. En el caso de los exelectricistas de Luz y Fuerza encontraron en la policía capitalina a sus mejores guaruras. Cuanto desmán o manifestación quisieran hacer, tenían la protección capitalina. Cuando quisieron ir a hacer lo mismo a Cuernavaca se encontraron con los toletes y los escudos que los retiraron, mejor se regresaron al DF.

Bien harían otros priístas en respaldar o corregir las palabras del diputado Rojas. Porque si el PRI quiere mantener el discurso del respaldo político a la causa de Napoleón por encima de las leyes, seguro que muchos podrían descubrir que a lo mejor, el tricolor no es tan moderno como dice.