La votación en la Cámara de Diputados donde Morena y sus aliados recién aprobaron cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Sercicios del Sector Público (LAASS) no es otra cosa más que darle “Opacilina” (sic) como el mejor tratamiento que encontraron frente la incapacidad del Gobierno Federal para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en términos de medicamentos e insumos para la salud.

La reforma que también el Senado pasará como cuchillo caliente en mantequilla pues les alcanzan los votos, hará que en dosis repetidas de opacilina en los siguientes años, el sistema de salud público no tenga la capacidad de proveer lo necesario para las necesidades de salud complejas que tiene nuestra población.

Requiero decir que mi voto fue en contra y expongo los motivos de manera sucinta. La compra de medicamentos e insumos para la salud de parte del gobierno exige asegurar el acceso de los pacientes a los mejores tratamientos; una debida planeación estratégica; consolidar en tiempo la demanda de medicamentos de todas las instituciones del sector público; anticipar los plazos mínimos de producción por parte de los proveedores; y una organización y logística adecuada para asegurar que los insumos lleguen en tiempo y forma a los pacientes en las unidades médicas.

Algo está fallando desde la llegada de esta administración, que en el caso del Sector Salud ha provocado la renuncia o remoción de funcionarios de primer nivel por un lado, y la contratación de personas muy leales al presidente -pero muy incapaces en la administración pública- por el otro. Hondanadas de quejas de falta de medicamentos para VIH, cáncer, enfermedades raras, antihipertensivos, anticoagulantes, equipos de protección personal, etcétera, son el padecer diario de miles de mexicanos que están consumiendo con gasto de bolsillo los pocos recursos que tenían o incluso perdiendo su vida o su patrimonio.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recién publicó el documento “Desarrollo Humano y Covid-19 en México”[1], que describe como causa raíz al menos dos factores que tienen como común denominador no la corrupción, sino la incapacidad. Y cito el primero: “El país atraviesa por un problema de desabasto de medicamentos.” “Entre las razones del desabasto se encuentran los cambios en las reglas de licitaciones de medicamentos.” “Los problemas en la organización de las licitaciones entre 2019 y 2020... han generado desabasto”.

El segundo factor se basa en el conocimiento que todo proceso de optimización supone al mismo tiempo un ejercicio honorable y transparente de recursos, acompañado de una prestación de servicios de calidad. El desmantelamiento del sistema de protección social en salud cuyo brazo operativo era el Seguro Popular; el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que no ha iniciado -y mucho menos terminado de normar- lo básico que el PNUD señala: incertidumbre en la proporción de los servicios, confusiones en su operación incluidas las compras de medicamentos e insumos para la salud; agravados por la presión a que han estado sometidos por la pandemia los servicios de salud y al austericio republicano que no visibiliza los mínimos necesarios para la adecuada prestación de los servicios.

Cabe señalar que en la exposición de motivos de la “Opacilina” incorporada en la Ley de Adquisiciones, se ignora lo señalado en el artículo 18 de la propia Ley que dice en su numeral I: “...en la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las provisiones contenidas en sus programas anuales.”

Se aprecia con claridad mediridiana la incapacidad pues el Plan Nacional de Desarrollo es un manifiesto político (que causó la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público), y todos los instrumentos de planeación referidos están ausentes, habiendo vencido su plazo en el caso del Sectorial de Salud desde hace 7 meses. Si no sabemos qué queremos, cómo vamos a comprar lo que se requiere, así sea en fondos internacionales.

Esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) presentó el informe intitulado “¿Compras de emergencia o compras de pánico?”[2] que hace una autopsia en campo al gobierno federal analizando las compras de emergencia realizadas por las dependencias autorizadas establecidas en el decretazo del 27 de marzo con motivo del COVID-19. El diagnóstico fue contundente: Incapacidad Severa a pesar de la “Opacilina” administrada.

Encontró que a pesar de enfrentar una de las mayores crisis de la salud en la historia, el IMSS gastó 13,000 millones de pesos menos que durante el mismo periodo del 2019. Durante enero y febrero por la falta de protocolos de contratación de emergencias no permitió identificar compras de los insumos necesarios para la atención del COVID-19. Gran parte de las compras analizadas incumplieron los requisitos mínimos de transparencia (Opacilina). El 26% del monto adjudicado directamente por el IMSS carece de un fundamento legal que avale su ejecución. De más de 700 millones de pesos gastados por el IMSS no fue posible identificar los bienes y servicios adquiridos. El ISSSTE y Sedena adquirieron equipo médico especializado en empresas ajenas al sector salud y el ISSSTE además ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipo médico similar. Y eso que el IMSS había comprado ventiladores al triple de su precio en Hidalgo, por ejemplo.

Un hecho increíble, les comento por último: el IMCO reporta que fue imposible rastrear las compras realizadas por el Insabi, que atiende de manera potencial según sus dichos a más de sesenta millones de mexicanos. La distribución de millones de piezas de material y equipo médico, así como la ejecución de programas de inversión de más de 9,000 millones de pesos se han realizado en total opacidad (dosis tóxica de opacilina).

La reforma aprobada es más opacilina al hacer de la excepción a los supuestos de la ley una nueva modalidad de compra y no una alternativa de contratación bajo las condiciones de emergencia como la que nos agobia para acudir al fondo rotatorio o estratégico de organismos intergubernamentales internacionales.

Buena falta le haría a los funcionarios federales, les aplicaran triple dosis de “instruccilina” para que aprendan a hacer procesos de planeación, programación, licitación y adquisición de medicamentos efectivos, pues hasta ahora han sido incapaces habiendo recursos y productos en el país.

*El autor es diputado federal, médico certificado en cirugía general, doctor en ciencias y en Administración Pública.

[1] https://www.mx. undp. org/content/mexico/es/home/library/poverty/desarrollo-humano-y-covid-19-en-mexico-.html

[2] https://imco.org.mx/compras-de-emergencia-o-compras-de-panico-el-gobierno-federal-carece-de-protocolos-claros-para-comprar-durante-una-crisis/