Los trazos constitucionales de la reforma electoral del 2014 nos dejaron una agenda considerable de actualización normativa, la cual supone armonización de marcos legales tanto en el ámbito federal como en el local. Esa tarea se ha ido colmando paulatinamente, primero con una ley general en la materia y poco a poco con leyes locales consecuentes al respecto de los principios establecidos en la Carta Magna. Sin embargo, hay varios ángulos que no están atendidos del todo e incluso se acumulan retrasos en temas relevantes desde hace años, por ejemplo, en cuanto a la reelección de presidentes municipales y legisladores o en lo que tiene que ver con una ley reglamentaria al Artículo 134 constitucional que delimite con precisión las fronteras y competencias para acotar y sancionar publicidad personalizada de servidores públicos en todo tiempo, no sólo en época comicial.

Ahí tenemos un ejemplo de lo que no debería normalizarse en el comportamiento legislativo, porque en el 2007 se estableció en la Constitución que bajo ninguna modalidad de comunicación social pueden contratarse anuncios de gobiernos o instituciones públicas en los que aparezca la imagen, la voz o símbolos que identifiquen a un gobernante o funcionario en particular, pero nunca llegó la ley reglamentaria, primero se hizo una nueva reforma, la del 2014, y aunque otra vez se incluyó en su articulado transitorio un nuevo compromiso para aprobar esa normatividad secundaria durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura .Es evidente que ese plazo quedó rebasado y sigue sin atenderse el asunto.

No es sencillo construir consensos políticos en el Congreso y aunque sea entendible la complejidad para llegar a los acuerdos y aprobar instrumentos legales, es un hecho que el impasse genera huecos y zonas vulnerables, favorece el incumplimiento de disposiciones expresas en el ámbito constitucional y complica hacerlas valer en todo tiempo.

Eso no significa que las instituciones públicas no tengamos vías para garantizar la base constitucional, aunque esas vías se limitan a nuestras atribuciones reglamentarias. Es un error pensar que si no se aprueban leyes ya no hay cómo aplicar la Constitución, porque todos sus principios y mandatos, tengan o no completa su correspondiente armonización y ley secundaria, pueden exigirse de algún modo. Aquí pondría otro ejemplo: fue hasta el 4 de noviembre del 2015 que se reglamentó el derecho de réplica con una ley específica. Ese derecho fue reconocido en la Constitución desde la reforma del 2007 y también había un mandato expreso en artículos transitorios que había puesto como plazo abril del 2008 para tener su ley específica, la cual apareció hasta el 2015. En ese tema el Tribunal Electoral ordenó al entonces IFE que en tanto no se emitiera una ley secundaria, por la vía reglamentaria se aplicaran plazos y protocolos de los procedimientos sancionadores y así se atendieran las peticiones de réplica en materia electoral durante contiendas.

Ahí tenemos un antecedente sobre posibles efectos de un retraso o ausencia de armonización normativa y legal. Algunos consideraban que la falta de ley de réplica anularía los canales para invocar ese derecho y no fue así, el Tribunal nos dijo que si no hay actualización normativa, si no hay ley armonizada, pues la Constitución debe hacerse valer de manera directa y entonces, a través de una sentencia y luego de una tesis, la Sala Superior dispuso que en materia electoral, en tanto no hubiera una ley, el entonces IFE debía dar tratamiento de procedimiento especial sancionador (plazos, protocolos, etcétera) para hacer valer oportunamente la rectificación de hechos falsos o inexactos.

Es algo similar a lo que en el 2006 fue el Procedimiento Especializado Sancionador, el cual se definió también por una sentencia, porque el IFE no tenía un camino regulado para hacer valer quejas sobre spots calumniosos o denigratorios que aunque estaban prohibidos en el Cofipe no existía mecanismo concreto para sancionar algún incumplimiento relacionado. No había los famosos dientes para investigar y sancionar la falta, pero la falta estaba reconocida en la ley. Vino entonces, también por la vía de sentencia, un método que sería retomado incluso en la reforma del 2007 para ya reconocerse como parte de la ley vigente.

Lo deseable es que se actualicen las leyes que no lo están antes del plazo que impide cambios a normas fundamentales, 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 2018. Si no llegan esos cambios, habrá otras medidas que deberán considerarse como la aplicación directa, vía definiciones administrativas y sobre todo jurisdiccionales, de las disposiciones constitucionales huérfanas de ley secundaria.

*Consejero del INE.

Twitter:@MarcoBanos