En octubre pasado, este diario documentaba el problema que enfrentan las instituciones financieras para certificar oficiales de cumplimiento o compliance officers (CO). En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se advertía que varios candidatos a esta función en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo reprobaron los exámenes de certificación en el 2016. Esta situación refleja un grave problema subyacente: un oficial de cumplimiento no se da por generación espontánea.

La figura del CO surgió en Estados Unidos tras los escándalos e ilícitos financieros de grandes corporaciones, la cual cobra relevancia en México a partir de la responsabilidad penal de las empresas y el sistema anticorrupción en materia administrativa, así como de la prevención de lavado de dinero para las entidades financieras a raíz de las disposiciones de la Secretaría de Hacienda.

Las políticas de integridad corporativa y de debido control organizacional son hoy tareas estratégicas. Las personas que asumen estas responsabilidades requieren amplios conocimientos en derecho, administración, finanzas, recursos humanos, auditoría, contabilidad y ética, entre otras habilidades, para supervisar y vigilar el debido cumplimiento de normatividad interna (políticas regulatorias) y externa (leyes de orden público).

Más allá de los consejos y comités de administración, lo cierto es que, a la fecha, no existe una verdadera profesionalización para las funciones y habilidades propias del CO. El sistema educativo nacional no ha respondido al llamado. Ninguna universidad ofrece una carrera formal para esta responsabilidad y pocas, muy pocas, contemplan cursos o programas de posgrado como el diplomado en Formación de Oficiales de Cumplimiento en la Universidad La Salle.

Mientras tanto, las instituciones de educación superior lanzan cada año al mercado mexicano a más de 500,000 egresados de diversas carreras, algunas saturadas. Algunas universidades están tratando de responder a novedosas demandas actuales como es el caso de las carreras de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable en la Universidad Anáhuac, o la de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.

La Secretaría de Educación Pública, de Aurelio Nuño, ya tendría que haberse dado cuenta de la creciente demanda de oficiales de cumplimiento en todo el país. México no puede seguir cruzado de brazos; debe presionar para incorporar esta profesión a la oferta universitaria nacional y hacer las modificaciones pertinentes en la Ley General de Profesionales y planes de estudios.

Si Justo Sierra viviera...

En septiembre de 1910, Justo Sierra ofrecía su histórico discurso con motivo de la inauguración de la Universidad Nacional de México. Decía entonces que sería una desgracia que los grupos mexicanos ya iniciados en la cultura humana (...) rematasen en la creación de un adoratorio en torno del cual se formase una casta de ciencia, cada vez más alejada de su función terrestre, cada vez más alejada del suelo que la sustenta, cada vez más indiferente a las pulsaciones de la realidad social (...) . Más de un siglo después, las palabras del Maestro de América siguen vigentes.

El compliance officer no es producto de nombramientos espontáneos ni de méritos por cursos o estudios superficiales, es una responsabilidad muy seria, digna de emanar de un título profesional.