Usualmente el inicio de un nuevo periodo presidencial especialmente cuando es un nuevo Mandatario quien asume el liderazgo del país se caracteriza por un fuerte optimismo por parte de grandes sectores del electorado. Es como si reflejáramos preceptos jungianos y en un coro silente afirmáramos que todo tiempo futuro será mejor.

Quizás uno de los mejores ejemplos de esta reformulación de la realidad lo vemos en los inicios de uno de los más esperados términos presidenciales que se han visto en la Unión Americana en las últimas décadas, el de Barack Hussein Obama II en Estados Unidos. Gran parte de la expectativa de su llegada fue un ansia general de romper con el pasado inmediato representado por la maltrecha y poca credibilidad de su antecesor, George W. Bush. No obstante, durante el transcurso de sus primeros cuatro años en la Presidencia estadounidense muchas de las promesas de Obama no llegaron a materializarse. La ceremonia donde se firma el cierre de la prisión de Guantánamo que fue magistralmente orquestada como preámbulo de muchos cambios, al final se convirtió en un ejercicio más de populismo hacia las masas.

Ante esta situación, lo que pocos llegan a hacer es preguntarse ¿cuánta culpa realmente tiene Obama y cuanta responsabilidad recae sobre los hombros de otros sectores del gobierno? La respuesta a esta pregunta sorprendería a más de uno, pues se darían cuenta de que gran parte de la política externa y doméstica de Estados Unidos no está en manos del Presidente. La división de poderes realmente deja en muchas ocasiones con poco espacio de maniobra al Mandatario estadounidense.

Si esta realidad se combina con la creencia de que –al menos en América Latina– acciones unilaterales del gobierno de EU son suficientes para forzar un cambio en las políticas de otros países de la región nos encontramos con la receta perfecta para un fracaso en la comunicación. Entender las problemáticas que se deben resolver es tarea esencial de cualquier Mandatario de gobierno. La época en que se veía al Primer Ejecutivo de un país como protagonista de acciones magnánimas o discursos salomónicos donde su sapiencia es insumo suficiente para alimentar las hambrientas almas de sus súbditos ha pasado.

Ubicándonos en la realidad mexicana nos encontramos con Enrique Peña Nieto, presidente que inicia su sexenio con un listado de promesas dirigidas a cambiar el rumbo del país. Los principales objetivos son los mismos que anuncia cualquier Mandatario del mundo: disminuir la pobreza, incrementar la productividad del país y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, entre otros. El actualizado listado de promesas en esta ocasión se llama Pacto por México.

Antes de continuar quiero expresar mis mayores deseos de que todo lo propuesto en este documento se cumpla, pues al final de cuentas quienes se beneficiarían son los principales protagonistas del mercado: los consumidores.

Enfocándome en la parte de telecomunicaciones, por favor, y sí es un ruego a las autoridades mexicanas, establezcan cuáles son los parámetros existentes para definir una conexión de banda ancha. ¿Cómo se puede hablar de cuántos mexicanos están sin banda ancha si no hay una definición establecida? Si nos vamos a estudios internacionales –algo que parece ser requisito indispensable del mercado– vemos que entidades como Cepal consideran 256 kbps como banda ancha. Si México adoptara esta definición, entonces teóricamente todos los usuarios de EDGE, EV-DO, UMTS, HSPA+ y LTE del mercado poseen conexiones de banda ancha. ¿Acaso esto no cambiaría las cifras del mercado?

Es esencial que haya coherencia (y mucha sensatez) al momento de hacer comparativas internacionales. Actualmente, las velocidades promedio de conexión a Internet fija en el país oscilen entre 2.8 mbps a 3.7 mbps dependiendo del estudio consultado, lejos de países desarrollados, pero uno de los líderes de América Latina en este aspecto. Se debe comprender que México en las próximas décadas no va a alcanzar los mismos porcentajes de hogares conectados a banda ancha cableada que Finlandia, Singapur o Canadá. Aun regalándole una computadora o un teléfono inteligente a cada familia mexicana muchísimos hogares no contratarían servicios de Internet pues no pueden costearlos. El incremento de usuarios de Internet en el país no se dará por conexiones a los hogares, sino por el incremento en protagonismo de iniciativas como e-México y conexiones a individuos por medio de tecnologías móviles. Exigir niveles de conexiones como Suecia o Canadá es ignorar la realidad mexicana. Quizás en seis años vuelva a leer esta columna y al observar los avances en telecomunicaciones quede convencido de que Jorge Manrique se había equivocado al aferrarse al pasado.

*José F. Otero es presidente de Signals Telecom Group.

Twitter: @Jose_F_Otero