El 28 de diciembre del 2003, el Congreso de la Unión aprobó reformas al Cofipe en las que se establecía que sólo podían aspirar a constituirse como partido las agrupaciones políticas nacionales registradas ante el IFE, siempre y cuando comprobaran un número de afiliados en el país equivalente a 0.26% del padrón de electores utilizado en el la última elección federal y llevado a cabo asambleas certificadas por el IFE en cuando menos 200 distritos o 20 entidades federativas, con una asistencia mínima de 300 o 3,000 afiliados, respectivamente. La base de estas reglas no ha variado en cuanto al núcleo de requisitos, pero sí en tres aspectos relevantes, incorporados en el Código electoral luego de la reforma constitucional y legal del 2007-2008.

Por un lado, los legisladores decidieron abrir el trámite de registro para nuevos partidos cada seis años después de una elección presidencial, en lugar de cada tres.

También se permitió, como sucedía antes de los ajustes legales del 2003, que sean organizaciones de ciudadanos, ya no sólo las Agrupaciones Políticas Nacionales, quienes participen en el proceso de constitución, y se incorporó un candado para que no exista la intervención de instancias gremiales o afiliación corporativa en las organizaciones que aspiren a ser partido político.

El sistema de partidos es un rasgo consustancial de las democracias modernas, porque abre canales para que existan espacios representativos de los intereses y preocupaciones de los diversos sectores de una sociedad que no es, ni tendría por qué serlo, uniforme en un contexto de libertades y de pluralidad.

Los partidos son, así, vehículo para competir en una vía institucional por espacios de gobierno y representación legislativa, lo que permite a los ciudadanos de todos los sectores impulsar sus visiones de país y hacer que éstas incidan en el desarrollo de políticas públicas y en un diseño constitucional y legal incluyente para sus legítimas concepciones ideológicas.

Sobre la conformación de partidos políticos, el Artículo 9 de la Constitución establece: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país (...) , y el 35 fracción III indica que son derechos de todo ciudadano: Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país (...) .

Con esas premisas, la ley establece que los nuevos partidos requieren, para obtener su registro, acreditar un ideario y una membresía de poco más de 219,000 afiliados (lo que equivale hoy a 0.26% del padrón), así como representatividad territorial expresada en la celebración de las asambleas ya mencionadas en distritos o entidades federativas.

Tenemos, por primera vez desde la última reforma, un procedimiento de constitución para nuevos partidos, el cual ha iniciado este mes de enero en que las organizaciones de ciudadanos interesadas en obtener su registro como partido deberán comunicar esa intención al IFE y, a partir de ese momento, asumir la obligación de informar mensualmente al Instituto el origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de sus actividades. Las organizaciones dispondrán del resto del año para realizar sus asambleas y cumplir con todos los requisitos ya referidos.

Se trata de un camino complejo, en el cual el IFE certificará que cada asamblea sea un ejercicio en donde impere la libertad individual de los asistentes, quienes deben tener a su disposición y aprobar los documentos básicos que los definirá como aspirantes a ser una fuerza política registrada y perfilará ahí lo que será su oferta a los electores en caso de obtener su registro.

La ley y los precedentes jurisdiccionales impiden la llamada doble afiliación, por lo que afiliados a organizaciones en proceso de constitución de un nuevo partido político no podrán estar afiliados de manera simultánea a otra organización que también busque su registro en este procedimiento, pero, en caso de pertenecer a otro partido político, para respetar la última voluntad y el derecho a elegir, en caso de que un ciudadano asista a las asambleas para constituir un nuevo partido y sea en ese momento militante de un partido que ya cuenta con su registro, el Consejo General del IFE resolvió, el pasado 5 de diciembre, que la afiliación a la organización de ese ciudadano, y en su caso la participación en las asambleas de ésta, es válida, lo que causará baja automática a su afiliación previa con otro partido.

El último proceso electoral tuvo la participación de siete fuerzas políticas a nivel nacional.

Todas superaron el porcentaje mínimo de votos para conservar su registro y continuar participando activamente en los comicios venideros. Ante el proceso de registro que se abre este mes de enero, ya tenemos conocimiento de al menos tres organizaciones de ciudadanos y dos Agrupaciones Políticas Nacionales que han acudido al IFE a manifestar su intención de buscar su registro como partido.

El 1 de agosto del 2014 sabremos si habrá nuevos partidos nacionales y si eso ocurre, será resultado de un derecho individual y colectivo, apegado a las reglas que nos hemos dado en beneficio de una sociedad que se reconoce diversa y que requiere mecanismos para dar cauce y espacios para procesar las diferencias.

*El autor es Consejero Electoral del IFE.