Los acontecimientos de Iguala marcan un punto de quiebre en la política nacional. Tal como reconoció el presidente Peña, México no puede seguir igual.

El tema de la inseguridad volvió a la cabeza de las prioridades en la agenda, como pasó con la anterior administración.

Los hechos se impusieron a la estrategia y forzaron al gobierno federal a replantear una serie de acciones en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho. Llamó la atención la creación de tres zonas económicas especiales y la propuesta de atender la justicia cotidiana que suele ser lenta, compleja y costosa .

Completan el paquete otras reformas en el sentido correcto, pero cuyos efectos se darán en el mediano y largo plazo, y que requerirán del respaldo de una oposición que ya está actuando en la lógica electoral del 2015.

Pero el efecto más serio es que los niveles de colusión entre autoridades y criminales descubiertos en Ayotzinapa han provocado una crisis cuyas ondas expansivas rebasaron a los responsables materiales e intelectuales de los hechos. Alcanzan a todos los poderes y partidos políticos.

Ciertamente, en el ambiente flota un estado de ánimo muy poco sano, en parte alentado por quienes sienten sus intereses tocados por las reformas estructurales aprobadas. No hay que olvidar que del tamaño de los cambios son las resistencias.

También está el hartazgo ciudadano con la impunidad y la corrupción de las autoridades a todos los niveles. La desazón de quien ve cómo a los políticos les aplican reglas y códigos de conducta distintos. Peor aún, la coartada para quienes apuestan a reventar las instituciones.

Es aquí donde el discurso sobre el Estado de Derecho debe coincidir con la acción, para resultar creíble. La empatía con el ciudadano no debe darse sólo en el dolor, sino en el cumplimiento de la ley. De otra forma no será posible cerrar el ciclo de investigación, procesamiento y sanción a los culpables.

El reto es canalizar el enojo y la indignación al fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad. Para recuperar la credibilidad, la clase política debería empezar por poner el ejemplo.

No se trata de complacer a quienes nunca estarán de acuerdo, sino de marcar un nuevo rumbo, un antes y un después en el ejercicio público y la efectiva aplicación de la ley.

A los amables lectores, felices fiestas decembrinas y un venturoso 2015.

[email protected]