Al leer la síntesis informativa del sector agropecuario y rural de México y Estado Unidos, la cual recibo diariamente, llama la atención que en ambos países los productores demandan que los presidentes recién elegidos y sus gabinetes les resuelvan su problemática económica, sobre todo los aspectos de siniestralidad y competitividad, y así esperan tener mejores ingresos.

Ojalá que el planteamiento de sus demandas se deba al legítimo interés por destacar su problemática ante los funcionarios entrantes, quienes deberán incluirlas en su agenda y actuar como facilitadores para que, en colaboración con los productores organizados, estructuren las soluciones pertinentes que beneficien a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, no se debe esperar que el Presidente de la República o un comité de legisladores resuelvan en su escritorio los problemas intrínsecos del campo.

En México, las iniciativas gubernamentales relacionadas con transformar la economía del campo en una actividad más productiva , enunciadas en los compromisos 62 al 66 del Pacto por México, implican, por parte del sector gubernamental, la priorización de las mejores soluciones para implementar programas y presupuestos ad hoc, auditándolos estrechamente para asegurar el logro de los objetivos planteados.

Complementariamente, los diversos gremios de productores deberán participar en la definición de esos programas políticos con el fin de que correspondan, en tiempo y forma, a la solución de sus problemas prioritarios.

Hablando específicamente de la intermediación que ocurre en el financiamiento agropecuario, proveeduría de insumos y en la comercialización de productos del campo, tampoco es viable eliminar dicha intermediación, dado que los intermediarios existen porque están aprovechando una oportunidad de negocio dentro de las cadenas productivas.

Por lo tanto, esta intermediación no puede eliminarse, más bien puede sustituirse por empresas de productores primarios capaces y que estén dispuestos a organizarse y trabajar para industrializar sus materias primas o para ofertar servicios a sus agremiados apropiándose así del valor agregado.

Por todo lo anterior, ojalá que en las próximas semanas se establezcan programas de educación financiera, sobre protección de la propiedad industrial y desarrollo de marcas, de asesoría y acompañamiento, para conformar empresas de servicios financieros y para la transformación de materias primas, capacitación en calidad y agregación de valor y para exportar bienes agropecuarios manufacturados.

En este sentido, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) tiene experiencia en la conformación de este tipo de empresas y tiene documentados ejemplos exitosos de organizaciones de productores que ahora comercializan, industrializan su materia prima, exportan u otorgan créditos, como son los casos de: uniones de crédito, parafinancieras, rastros y frigoríficos, molinos de trigo y maíz, extractoras de jugos, manufactura de concentrados de frutillas, entre muchos más. El conocimiento y experiencia institucional está disponible para la implementación y ejecución de los programas pertinentes.

*Mario Alberto Lamas Nolasco es especialista de la Subdirección de Evaluación Sectorial. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA. [email protected]