Las grandes corporaciones son ahora más conscientes de que deben ser sensibles a los resultados financieros, pero también a los efectos sociales y ambientales de sus actividades

Cambridge. Las empresas son la piedra angular de la economía moderna. La mayor parte de la producción, inversión, innovación y creación de empleo se lleva a cabo dentro de ellas. Sus decisiones determinan no sólo el desempeño económico, sino también la salud y el bienestar de una sociedad. Pero ¿quién debe gobernar las empresas y en nombre de quién se deben tomar esas decisiones?

La teoría convencional bajo la cual operan nuestras economías contemporáneas es que las empresas se rigen por, o en nombre de, los inversionistas. Esta teoría plantea una clara separación entre propietarios y empleadores, entre capital y trabajo. Los inversionistas son dueños de la empresa y deben tomar todas las decisiones relevantes. Aun cuando esto no sea práctico, como en las empresas más grandes con múltiples inversionistas, la presunción es que los gerentes son agentes de los inversionistas y sólo de los inversionistas.

Esta teoría sobre la compañía se basa en dos ficciones. Primero, los inversionistas son los únicos aportantes a la empresa y, por lo tanto, los únicos que toman riesgos. En segundo lugar, los mercados son competitivos y sin fricciones, por lo que los trabajadores (y otros afectados por las decisiones de las empresas, como los proveedores) pueden irse a otro lugar si no les gusta cómo los trata una empresa en particular.

En realidad, un trabajo es mucho más que una fuente de ingresos. Es una parte crucial de la identidad personal y social de un adulto. Las relaciones y la comunidad que los trabajadores construyen en el trabajo les dan un propósito y les ayudan a definir quiénes son. Los trabajos brindan a los trabajadores no sólo utilidad material, sino también utilidad expresiva. Los términos de empleo determinan no sólo cuánto podemos comprar, sino también nuestra percepción sobre nosotros mismos y la medida en que se cumplen nuestras aspiraciones y potencial. Ésta es la razón por la cual perder un trabajo a menudo produce un shock severo sobre nuestra satisfacción con la vida en general.

Si los mercados fueran hipercompetitivos y sin fricciones, y si la información fuera perfecta, nada de esto importaría mucho. Los trabajadores celebrarían contratos completos con inversionistas (o sus agentes), teniendo en cuenta todas estas consideraciones. Los trabajadores se clasificarían entre las empresas, eligiendo trabajar para empresas que les brinden la mejor combinación de beneficios materiales y valor expresivo. Pero en el mundo real tales contratos completos no son posibles y la competencia imperfecta es la norma, dando a las empresas un poder desmesurado para dar forma a la vida de sus trabajadores.

En su fascinante libro Las empresas como entidades políticas, la estudiosa jurídica Isabelle Ferreras ha llevado estas ideas un paso más allá para desafiar la concepción tradicional de las empresas gobernadas por inversionistas. El problema, argumenta, surge de la incapacidad de distinguir la “corporación” de la “firma”. La corporación es una forma legal sancionada por el Estado que establece los privilegios y responsabilidades legales de los inversionistas y la relación entre ellos. La firma no es una construcción legal como tal; es una organización social. Incorpora a la corporación en una red de relaciones con trabajadores, proveedores y otras partes interesadas.

La pregunta de cómo deben gestionarse las empresas no tiene una respuesta determinada, tanto en la ley como en la lógica económica. Ferreras propone una analogía con los gobiernos nacionales. A medida que la política nacional se hizo más democrática, se creó una segunda asamblea más representativa para complementar una cámara alta dominada por la aristocracia. Del mismo modo, las empresas podrían gobernarse de manera bicameral, con una cámara de trabajadores que tenga la misma opinión que la cámara de los inversionistas. El sistema alemán de codeterminación se acerca a la propuesta de Ferreras, aunque todavía se queda corto, en tanto los representantes de los trabajadores nunca tienen el mismo poder en las juntas corporativas alemanas.

El control de los trabajadores es importante para contrarrestar los incentivos de los inversionistas para ignorar el bienestar de sus empleados. Pero otras dos externalidades sociales requieren mayor atención. Primero, la innovación contemporánea tiene lugar dentro de los ecosistemas donde las empresas dependen en gran medida de otras empresas y proveedores para el establecimiento de estándares, flujos de conocimiento y habilidades. Hay muchas posibilidades de fallar en la coordinación. Por ejemplo, las tecnologías viables pueden no despegar en ausencia de inversiones complementarias ascendentes y descendentes.

En segundo lugar, está lo que Charles Sabel y yo hemos llamado externalidades de “buenos trabajos”. Las comunidades donde escasean los buenos empleos de clase media desarrollan una amplia gama de enfermedades sociales y políticas: familias rotas, adicción, delincuencia, disminución del capital social, xenofobia y una creciente atracción por los valores autoritarios. No siempre se puede esperar que los “expertos” con buenos trabajos tengan los intereses de los “intrusos” en el corazón. Entonces, incluso si los trabajadores están empoderados dentro de las empresas, necesitamos mecanismos para garantizar que los intereses de la comunidad en general se internalicen.

Por ambas razones, la acción del gobierno sigue siendo indispensable. Los gobiernos deben proporcionar el empujón necesario para resolver las fallas locales de coordinación. Y deben proporcionar las zanahorias y palos necesarios para que las empresas internalicen las externalidades de buenos empleos. Las empresas no deben considerar tales intervenciones gubernamentales como restricciones sobre lo que pueden hacer, sino más bien como una expansión de sus posibilidades tecnológicas y de empleo.

En los últimos años, las grandes corporaciones se han vuelto cada vez más conscientes de que deben ser sensibles no sólo a los resultados financieros, sino también a los efectos sociales y ambientales de sus actividades. Las discusiones sobre el gobierno corporativo en la actualidad están plagadas de conversaciones sobre responsabilidad social, el modelo de partes interesadas y los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Un número cada vez mayor de empresas se definen a sí mismas como “híbridas”, persiguiendo fines de lucro y sociales al mismo tiempo. Algunos han descubierto que tratar mejor a los trabajadores puede ser beneficioso.

Todos estos desarrollos son bienvenidos. Pero las sociedades no deberían permitir que los inversionistas y sus agentes impulsen el debate sobre la reforma del gobierno corporativo. Si las empresas, como actores sociales y políticos, van a servir al bien público, los trabajadores y las comunidades locales en particular deberían tener una mayor participación en sus decisiones.

El autor

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, es el autor de Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy.