De nueva cuenta, el modelo de desarrollo fue puesto en la mesa de discusión, abordando casi los mismos temas, con los mismos planteamientos y proponiendo las mismas soluciones de siempre. El problema central es el crecimiento raquítico de la economía mexicana, que genera todo tipo de problemas nuevos, como la adopción de la informalidad y el crimen organizado como opciones para la gente, y que no ayuda a resolver problemas tan añejos como la pobreza y la falta de oportunidades para las mayorías. Se dice en forma genérica que hay que revisar el modelo y cambiarlo, en lo cual coincidimos; aunque por lo pronto sugerimos partir de la base de un diagnóstico.

En México no nos hemos decidido por un modelo básico y como en muchas otras cosas, lo poco que hemos logrado hacer está enredado, se ha quedado corto y trabaja al revés de cómo fue diseñado. Simplemente veamos la política de competencia, el comercio exterior, las inversiones nacional o Extranjera Directa, educación, salud, desarrollo regional, la administración de justicia, el sector energía o las finanzas públicas, y comprenderemos el diagnóstico.

Decimos que tenemos un Tratado de Libre Comercio con los vecinos del norte del continente, pero está tan enredado con padrones para importar y exportar, certificados de origen, corrupción de agentes de aduanas y la protección implícita a los productores nacionales –falta de competencia- que genera diferenciales de precios tan amplios que es una invitación abierta al contrabando.

Esto no es libre comercio, aunque aún así, los productores principalmente extranjeros en México siguen invirtiendo y exportando. En materia de finanzas públicas, tenemos en el país un sistema fiscal que presume de sus tasas competitivas, aunque cuando vamos a detalles podemos observar que hay tantos regímenes de excepción que es mejor decir que estamos en un paraíso fiscal. Sólo basta encontrar el nicho adecuado y lo demás es juego de niños.

Esto nos obliga a gastar la riqueza petrolera y la renta que se genera de la forma más miserable en que se pueda pensar, que es transfiriendo los recursos a funcionarios estatales y municipales, quienes los gastan sin ningún requerimiento de transparencia y rendición de cuentas. Los organismos fiscalizadores y de transparencia están muy ocupados en defender su presupuesto para sus cómodas oficinas y sus prestaciones como para dedicar tiempo a estas estupideces de defender los derechos que tienen las mayorías de ser informadas.

[email protected]