La semana pasada, el gobierno de México amenazó al gobierno de Estados Unidos con una serie de represalias comerciales. Si Estados Unidos subsidia los automóviles eléctricos que se produzcan allá, como una reforma aún en discusión pretende, México impondría aranceles a productos estadounidenses. “Tendríamos que hacer o plantear algo muy importante y estratégico para aquellos productos (…) donde también duele hacia el otro lado (…) para que las consecuencias se sientan”, declaró la secretaria de economía Tatiana Clouthier.

El gobierno mexicano no se sintió obligado a reafirmar su reconocimiento a la soberanía estadounidense. No consideró que tenía que esperarse a que la iniciativa terminara de discutirse en el Congreso estadounidense, para evitar inmiscuirse en la agenda política del vecino. Tampoco optó por arrancar usando canales oficiales, como llamar a consultas al gobierno de Estados Unidos bajo el artículo 31.2(b) del T-MEC para que explique por qué considera que su iniciativa no viola los compromisos comerciales que han adquirido con nuestro país. México se fue directo a lo más agresivo.

Todo esto contrasta con la dura interpretación de las máximas juaristas que receta nuestro presidente a otros países. Antes de ir a Washington, el presidente López Obrador especuló que el presidente Biden no le diría nada de la reforma eléctrica que el gobierno mexicano promueve (y legisladores de ambos partidos consideran que viola el T-MEC) porque “el es muy respetuoso de nuestra soberanía”. Y luego remató: “en el caso en el que me diga algo, le diré que no quieren dejar de robar”.

Está por verse si Biden llega a reclamarle a López Obrador que respete su “soberanía automotriz”. O si le contesta a la secretaria Clouthier que los subsidios a lo eléctrico son porque los que usan tecnologías fósiles “no quieren dejar de contaminar”.

Pero, hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos parece haberse sometido al cerco discursivo que el gobierno mexicano le ha impuesto. Ante una pregunta expresa del corresponsal mexicano José Díaz-Briseño, el vocero del departamento de estado de Estados Unidos explicó, con mucho cuidado, que “(hicieron) saber a nuestras contrapartes mexicanos acerca de nuestras preocupaciones (en el sentido de que) promover el uso de tecnologías más caras sobre las tecnologías más baratas hará más difícil alcanzar las metas climáticas que deben ser prioridades compartidas entre nuestros dos países”. Como si lo que hubiera dicho hubiera sido casi intervencionista, se sintió forzado a matizar de inmediato: “El hecho es, por supuesto, que México es un país soberano, va a tomar decisiones soberanas sobre su sector energético, pero seguimos abogando por procesos de adquisiciones abiertos y transparentes. Confiamos en que México cumplirá con sus compromisos internacionales en ese sentido”. USTR, la agencia de Estados Unidos encargada de la implementación del T-MEC, de plano no ha dicho nada públicamente en los últimos meses.

Si esto es un nuevo orden regional, en el que México acusa y amenaza públicamente mientras Estados Unidos se limita a expresar respetuosas preocupaciones de preferencia en privado, López Obrador sin duda habrá hecho historia. Pero esto tiene pinta de burbuja. Además de las acciones legales que las empresas estadounidenses podrían tomar para defender sus intereses bajo mecanismos de inversionista-estado, se ha estado formando un amplio grupo bipartidista de legisladores estadounidenses que sostienen que México está violando sistemáticamente el T-MEC en materia energética. Por más que la Administración de Biden quiera evadir discusiones energéticas con México, ¿podrá resistir una presión política doméstica que incrementaría exponencialmente si México aprueba su reforma eléctrica?

Ojalá no lleguemos a ese punto –grave, de por sí. Ahora, con los precedentes de represalias sin consultas que nuestro gobierno está construyendo, pinta mucho peor. 

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

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