Una severa crítica al gobierno mexicano ha sido su muy alta proporción de gasto corriente dentro del gasto en salud, el cual siempre se ha interpretado como gasto administrativo no destinado expresamente al cuidado de la salud.

Es decir, como un rubro del gasto del área administrativa erogado innecesariamente y de manera injusta porque se entiende que le resta a la prioritaria atención de los pacientes.

Específicamente, un estudio realizado por Evercore, de Pedro Aspe, contratado por la AMIIF, señalaba en el 2016 varias ineficiencias del sector salud. Entre otras, indicaba que, de acuerdo con sus cálculos, el gasto corriente del IMSS llegaba a casi 10 por ciento. (Realmente se quedaron cortos porque conforme aquella contabilidad era de 22 por ciento.)

La misma OCDE, en su último reporte en el 2016, apuntaba que 8.9% del gasto en salud de México era gasto administrativo, el más alto de todos los miembros. Esto significaba más del doble de la proporción gastada por Alemania, Bélgica y Corea, y 2.7 veces mayor al promedio OCDE.

La gran pregunta era: ¿adónde va ese gasto administrativo equivalente a decenas de miles de millones de pesos?

Pues el punto se está aclarando. Viendo esa distancia tan amplia respecto de sus homólogos, el gobierno mexicano se puso a trabajar con el equipo de la OCDE y empezaron a ver qué sucedía.

Encontraron que no había una desagregación adecuada del gasto considerado administrativo pues, por ejemplo, en salud no se pueden calificar como gasto corriente los sueldos de médicos y enfermeras y el dinero destinado a mantenimiento de hospitales. Claramente estos rubros, aunque no incrementan los activos de las instituciones, sí son gasto directo para atención médica.

Fue a partir de que el IMSS, que lleva Mikel Arriola y la Dirección General de Información en Salud, de Juan Reyes Oropeza, realizaron un trabajo conjunto de análisis, revisión y reclasificación del gasto en administración a nivel de centro de costo, unidad médica y unidad de información al mayor grado posible de desagregación. Este ejercicio permitió reclasificar más puntualmente las cifras.

La OCDE, que lleva el mexicano José Ángel Gurría, y la Secretaría de Salud que encabeza el doctor José Narro, aplicaron el ejercicio de reclasificación del gasto público en salud conforme las reglas de la OCDE y revisaron los componentes que estaban siendo considerados en el gasto administrativo; se enfocaron en el 2014.

Una vez hecho esto, la OCDE publicó para México y otros países el indicador Gasto Público en HC7 Gobierno, Administración y Financiamiento del Sistema de Salud como porcentaje del Gasto Total en Salud . Los valores para México cambiaron totalmente: su gasto administrativo quedó en 4.38%, nivel incluso por debajo de Alemania y 2.1 puntos arriba del promedio OCDE, pero nada que ver con 8.9% anterior que prácticamente lo triplicaba.

Invertir en salud, de lo más redituable

Hablando de estos temas, en la III Semana de la Innovación de la AMIIF que tendrá efecto este 30 y 31 de marzo, uno de los ponentes estrella será Dean Jamison, profesor emérito de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California. Hablará sobre los enormes rendimientos económicos que conlleva invertir en salud. Trae también el tema de cómo, para el 2035, se vislumbra una gran convergencia en salud dadas las tasas de mortalidad materna, infantil e infecciones a niveles mundialmente bajos. Y esto será gracias a gastos en salud bien seleccionados, es decir, a que se invirtió en la prosperidad económica y el bienestar individual.

Por cierto, en la AMIIF hubo cambio de estafeta, y en lugar de Javier Altmann entró como presidente Alexis Serlin, de Novartis.