Este domingo, el ciudadano mexicano, es convocado nuevamente a las urnas para participar en la primera consulta popular de carácter nacional en nuestra historia democrática. Es necesario recordar que esta figura ha estado en nuestra Constitución desde el 9 de agosto del 2012 siendo que su ley reglamentaria data del 14 de marzo de 2014. Este dato es importante pues desde hace casi una década los mexicanos acordamos incorporar este tipo de instituciones de democracia directa que incentivan la participación ciudadana en los asuntos públicos de trascendencia nacional.

Sabemos también que en años pasados ya se había intentado accionar este mecanismo. Así por ejemplo el PAN lo intento para consultar sobre salarios mínimos, el PRD y luego MORENA sobre la reforma energética y el PRI sobre reducción de legisladores, pero ninguna de las anteriores logró prosperar pues la Suprema Corte declaró que dichas propuestas no eran concordantes con lo exigido por la Constitución para su validación.

Las consultas populares son un instrumento muy interesante de participación. Primero porque envían un claro mensaje al sistema de representación indirecta sobre su alejamiento del ciudadano, segundo porque acerca a éste a involucrarse activamente en los asuntos públicos y tercero por que incentivan el debate, la discusión y la relación entre gobernantes y gobernados. Este tipo de consultas en sus diversas modalidades se encuentran ampliamente difundidas por el mundo teniendo claro oscuros en los resultados de su aplicación, pero en todos observamos un movimiento social que colma la discusión pública.

Desafortunadamente el origen de la consulta planteada este domingo todos lo conocemos pues tenía su asiento en un absurdo: consultar al pueblo si la ley se aplica o no. Su caminar por la Suprema Corte también es conocido por todos: legitimar lo ilegitimable teniendo como resultando una pregunta ridícula, abstracta y oscura, en otras palabras, inentendible pero que, permitió a la Corte y a su presidente, un intercambio político claro respecto a la reforma judicial que en ese momento estaba en juego.

Hoy, el resultado de ello es un llamado a participar respondiendo una pregunta que habla de garantizar la justicia y que habla de garantizar los derechos de las posibles víctimas sobre decisiones que se tomaron en un pasado incierto por actores políticos inciertos. ¿Acaso el estado democrático, constitucional de derecho no esta llamado a garantizar la justicia ni los derechos de las víctimas de decisiones injustas? ¿Acaso es necesario consultar que el estado democrático constitucional de derecho sea vigente? ¿Acaso la justicia es consultable? En el fondo, la pregunta aprobada por la Corte padece de lo mismo que la semilla que le dio origen: la sinrazón constitucional y el populismo aberrante.

Los sistemas políticos que migran de la democracia hacia el sistema populista autoritario son puestos contra la pared con este tipo de consultas. El populista busca simular un esquema de máxima participación para en realidad legitimar sus absurdas decisiones políticas y para refrendar su nefasta narrativa cotidiana. El electorado por su parte, en un ánimo de participación democrática acude irreflexivamente a estos ejercicios sin darse cuenta de que es un mero instrumento para acrecentar el poder del demagogo.

En estos casos la no participación en un ejercicio tan ruin se vuelve más democrático que la participación. El ciudadano debe exigir al poder en turno incentivar la participación y no la instrumentalización de la misma por lo que, dadas las circunstancias en la actual consulta popular convocada para este domingo, el no acudir, el no votar, el no participar, es el más claro mensaje que se le envía al presidente, el cual se traduce en una participación activa negativa que buscará no legitimar “las locuras del emperador”.

*El autor es Doctor en Derecho. Actualmente es director de la Licenciatura en Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es integrantes del Sistema Nacional del investigadores de México. Preside la Asociación Coorperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información. Autor, coautor y coordinador de 15 libros en materia de libertades informativas.