Es natural, después de una elección como la que vivimos, enfocarse en contar votos y escaños. Concluir que Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada para cambiar la Constitución difícilmente es muestra de falta de ortodoxia analítica. Igual que reconocer que, si no hay demasiado chapulineo, el presidente López Obrador tendrá que negociar con legisladores del Partido Verde para aprobar el presupuesto y cambiar cualquier ley.

Esta seguridad inicial, de los números redondos y su interpretación tradicional, ha resultado en excesos. Si no es el colmo de la ortodoxia analítica, ¿qué explica haber concluido también que el presidente y sus iniciativas a fuerzas van a moderarse en alcance y prioridades? Particularmente en energía, le tomó al presidente menos de una semana demostrar que hasta los que pensaron que ya no habría intentos de cambiar la propia Constitución pecaron de ingenuidad. ¿Se imaginan con una mera ley? ¿De verdad creían que el miedo a un fracaso procesal lo iba a detener?

Hay casi tres años de evidencia de lo contrario. En cada hito de su larga campaña contra la iniciativa privada en el sector energético, el gobierno ha elegido no detenerse a leer los riesgos de fracaso. Las suspensiones judiciales del decreto para que la CFE pudiera emitir certificados de energía limpia cachirules --el primer movimiento armado en la larga campaña de Nahle y Bartlett contra los generadores privados—son un buen ejemplo. De cara al fracaso judicial, no hubo moderación alguna. Las autoridades insistieron con un decreto para alterar el orden de despacho del Cenace. Cuando también fracasó procesalmente, lo relanzaron como iniciativa de ley. Durante su discusión en el Congreso, se explicó hasta el cansancio que tenía claros elementos inconstitucionales. ¿Eso detuvo al presidente y su bancada? Ahora la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica está suspendida…

Igual en hidrocarburos. La suspensión judicial del decreto de importaciones y exportaciones de la Sener introdujo precedentes que a cualquiera que buscara evitar el fracaso lo hubiera hecho detenerse a cambiar de estrategia. Pero el presidente en realidad insistió con una iniciativa de mayor alcance: la reforma a ley de hidrocarburos. Durante su discusión, también se advirtió ampliamente que era inconstitucional. ¿Y? Ahora también está suspendida. 

Más que reconocer algún pecado propio –sea en su falta de pericia legal o, como sería más apropiado, en el corazón ambientalmente agnóstico y abiertamente anticompetitivo de sus esfuerzos– el presidente, la secretaria Nahle y el director Bartlett han culpado a las cortes. Han acusado a los jueces de detener el movimiento; y han usado su satanización para azuzar a sus bases. Ni el presidente ni la secretaria ni el director parecen creer que estén pagando un costo político particularmente alto por sus fracasos procesales y su retórica de conflicto. Y eso que el de enfrente había sido el poder judicial. ¿Por qué sería diferente ahora, con lo que genuinamente se puede etiquetar como oposición política en el Congreso?

Para ser claro: por supuesto que tener contrapesos aritméticamente más voluminosos limita al Ejecutivo. Quien respire más tranquilo simplemente por saber que el presidente probablemente jamás tendrá los votos para cambiar la Constitución a su antojo está sobre terreno firme. Pero los días de interpretar las orillas de los contrapesos como guías claras de un mandato pacífico para el ejecutivo parecen ser cosa del pasado.

Hoy son trincheras políticas. Sus fuerzas dominantes tienen un comandante supremo que hace mucho concluyó que, a pesar de las enormes pérdidas y daños que la agresividad genera, la mejor defensa es el ataque. Así nunca se cede el incomparable poder de fijar la agenda.

Twitter: @pzarater

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

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