El jueves de la semana pasada, después de sostener una reunión con empresarios, el presidente López Obrador conversó con diversos reporteros que cubren sus actividades. Ahí les narró que el encuentro había sido cordial, que les recalcó su interés por promover la inversión privada, pues  “no se puede desarrollar al país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada”. A continuación comentó que él agradece “mucho a los empresarios que están ayudando para que salgamos juntos adelante; que México siga siendo la vanguardia en el desarrollo mundial, porque no es para presumir, pero México está en una situación muy especial en la actualidad, es uno de los países con más oportunidades para la inversión nacional y extranjera”.

Es curioso que el presidente exprese su aparente intención de promover la inversión privada y sobre la importancia de esta para el desarrollo del país. Digo aparente, porque lo hecho hasta ahora por su gobierno, lejos de acreditar una preocupación por el buen ritmo de la inversión privada, lo único que ha acreditado es un ambiente hostil en contra de la inversión privada que se ha traducido en niveles de inversión a la baja, medidos como proporción del PIB. Ello, junto con la apática inversión pública, ha ocasionado que al cierre del 2020, la formación bruta de capital en México representara 18.6% del PIB. Al cierre del 2018, cuando esta administración inició, ese indicador se ubicaba en 21.7 por ciento.

De acuerdo con comentarios de Carlos Hurtado, director general del CEESP, para que la economía mexicana pueda crecer al 4% anual, requerimos que la relación inversión-PIB se ubique en 25%. Así que resulta evidente que no podemos ser optimistas sobre el desempeño del PIB de México en los siguientes años mientras veamos que la inversión tiene un comportamiento anémico, particularmente por el ambiente de incertidumbre que se ha generado ante la propensión de la 4T para modificar caprichosamente el marco legal, buscando privilegiar el desempeño de Pemex y CFE, al tiempo de debilitar a los órganos reguladores.

Por otro lado, en materia de empleo, basta ver los reportes del IMSS para acreditar que al presidente le han fallado de manera significativa sus pronósticos, que también eran promesas, sobre el número de trabajadores asegurados ante el IMSS. Tan solo en octubre de 2020, cuando anunció un segundo paquete de infraestructura de la mano de la cúpula empresarial, dijo que en seis meses ya tendríamos nuevamente el mismo número de asegurados que cuando inició la pandemia. Pues no, alguien de su equipo le vendió un pronóstico irreal. De acuerdo al número de asegurados que había hasta el 13 de marzo de 2020, que es cuando empieza la pérdida de empleos, en total se perdieron 1 millón 181,117 empleos formales.

Al cierre de mayo, había 571,532 puestos de trabajo que seguían sin recuperarse. Es decir, solo se ha recuperado el 52% de los empleos formales que se perdieron. Así que tan solo de ver el comportamiento de la inversión, y lo que ella significa en términos de un pobre crecimiento del PIB en los siguientes años, y la mediocre recuperación de empleos formales, no veo cómo alguien pueda pretender hablar de la economía mexicana empezando con un “no es para presumir, pero...”. En todo caso, que alguien le comparta la información objetiva al presidente y le haga ver que en efecto, las cosas no están para presumir.

El madruguete del SAT

En otro orden de ideas, llama poderosamente la atención que en el contexto del relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando no se ha formalizado aún el cambio de titular y que nos encontramos en una especie de impasse, la titular del SAT se haya anticipado al inminente nuevo titular de SHCP, Rogelio Ramírez de la O, para dar a conocer algunos detalles sobre lo que podría perfilar el gobierno como su propuesta de reforma fiscal. ¿Es un signo de la descoordinación que viene?

Twitter: @GerardoFloresR

Gerardo Flores Ramírez

Experto en telecomunicaciones

Ímpetu Económico

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