En estos tiempos de lenguaje engañoso, se ha normalizado tanto el concepto de “daño colateral”, asociado con la pérdida de vidas civiles en la guerra, que los daños que podrían evitarse con políticas más responsables de “los otros”, se callan u ocultan. En tiempos de paz, abundan gobernantes que ven la destrucción de recursos naturales y humanos como un proceso inevitable tanto más si “sólo” afecta a esas vidas “superfluas” que no serán lloradas desde el poder.  Esta lógica ha seguido el gobierno de Estados Unidos hacia las “personas de color” y migrantes desde 2017.

Entre quienes más han sufrido lo que constituye una “política de la crueldad” están niños, niñas y adolescentes, hijos de familias migrantes que han cruzado la frontera norte, solos o acompañados, en busca de refugio o asilo o de una vida mejor y se han topado con un sistema que busca “contener” la migración con terror y tortura. Entre junio de 2017 y junio de 2018, en efecto, privó en Estados Unidos la política de “cero tolerancia”, dictada por el presidente Trump contra el derecho a migrar y a pedir asilo, que impuso la separación de hijos e hijas menores de sus padres y madres como medio de “inhibir la migración”.  Desde adolescentes hasta bebés fueron detenidos por miles  y enviados a centros de detención, galerones o patios convertidos en “refugios” desbordados o casas de familias temporales, sin supervisión.

La separación misma y el trato cruel infligido a niños, niñas y adolescentes en detención, abandonados a su suerte, sin apoyo mental ni asistencia médica, en muchos casos sin condiciones mínimas de higiene y cuidado, provocó  quejas o demandas legales de sus familias, de abogados y organizaciones, que obligaron al presidente Trump a  detener  oficialmente esta medida. Gracias a nuevas demandas legales,  las condiciones de detención mejoraron y, lo más importante,  el gobierno ha tenido que ir liberando a niñas, niños y adolescentes (NNA)  para re-unir a las familias.  Debido a la pandemia, por orden judicial deberá liberar a 123 más este viernes 17 pero no es imposible que queden separados de sus familiares, todavía en prisión. Hasta ahora, más de 70,000 NNA han vivido en detención, miles de ellos han sufrido separación y maltrato, 4500 también abuso sexual. En ellos y sus familias quedan huellas tan hondas como el trauma de la guerra.

La política de la crueldad en la era trumpiana se ha ensañado en particular con las y los jóvenes que han crecido y hecho su vida en el país donde llegaron de niños: el gobierno actual los ve como indeseables,  y ha buscado despojarlos de su derecho a permanecer en EU. Gracias a la independencia judicial, por ahora los “Dreamers” podrán renovar o solicitar la protección del DACA; de ellos,  el 80%  son de origen mexicano, más de 500,000. 

¿Cómo se mide y quién reparará el daño brutal infligido a las familias mexicanas deportadas y abandonadas a su suerte en algún punto del país, sin apoyo integral del Estado mexicano? ¿Qué jueces independientes velarán por las miles de personas extranjeras atrapadas en México por el programa “Remain in Mexico”, que hoy padecen  la incertidumbre de la espera, la pandemia y la inseguridad en nuestra frontera norte? ¿Quién responderá por el trauma profundo de la violencia, el hambre y la deshumanización que sufren ya miles de niñas, niños y adolescentes migrantes?

Ante  éstas y otras violaciones de derechos humanos, ampliamente documentadas en medios de ambos países, la sintonía de los discursos presidenciales del 9 de julio es un signo ominoso. Callar los agravios a la comunidad mexicana, a la niñez migrante (mexicana o no), a la juventud que tiene derecho a soñar con un poco de justicia, es hacerse cómplice de una política  racista y ultraconservadora  que, lejos de respetar, maltrata cada vez más “a nuestros paisanos”. ¿Será que para este gobierno también son “vidas desechables”?

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).