Dice Don Andrés que se va a poner un cubrebocas “el día que se acabe la corrupción”; como si una medida para salvar vidas en plena pandemia tenga que ver con la ética de los servidores públicos. Y como si su propio gobierno no fuera el primero en consentir la corrupción en todas sus formas, incluyendo la promoción de falsearios profesionales, cuya única inescrupulosa capacidad es la de ostentar grados académicos que no poseen, de esos por los que se hiciera famoso Santo Domingo. 

El escándalo más significativo de este esquema corrupto de la llamada Cuarta Transformación en fecha reciente es el de John Mills Ackerman Rose, el filósofo que se hace pasar por periodista y Doctor en Derecho sin el registro de la Cédula correspondiente ante la Dirección General de Profesiones y exhibiendo para ese fin un documento de dudosa procedencia. 

Inexplicablemente, sin contar con el grado académico necesario, este personaje forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; imparte en esa Institución la cátedra de Derecho Constitucional y fue el candidato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para formar parte del Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral, designación que se sostuvo a pesar de que la falsa ostentación de profesión ejecutada sistemáticamente por Ackerman se hizo del dominio público semanas antes de la instauración de dicho Comité. De paso, el ejercicio indebido de este “grado académico” le da acceso al presupuesto de 10 millones de pesos anuales a través de su programa de divulgación política (que no científica) desde la máxima Casa de Estudios del país. Nunca una copia fotostática simple ha resultado más rentable.

Por otro lado, nada puede oponer a esta falta de honestidad por parte de Ackerman la misma titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, quien en repetidas ocasiones se ha ostentado como Maestra en Psicopedagogia, grado que cita también en su curriculum público, sin contar para ello con el registro en grado de patente ante la Dirección General de Profesiones. La comisión flagrante del delito de usurpación de profesión cometido por quien debe proteger a ciudadanos de los abusos de la autoridad. 

“Cuando acabe la corrupción…”

Pero quien es quizá el caso más emblemático de la corrupción del compadrazgo por usurpación de profesiones es Antonio Attolini Murra, quien ya en el sexenio de Peña Nieto fue contratado también por la bancada de Morena como asesor técnico legislativo del actual director del IMSS, Zoé Robledo, y es hoy el Coordinador Técnico de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin contar con la cédula que permita el ejercicio profesional del cargo en el servicio público conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Profesiones, reglamentaria del artículo 5º Constitucional; si seguimos rascando, seguramente hay muchos casos más como estos en la presente administración, consentidos por el mismo titular del Ejecutivo a cambio de lisonjas y propaganda a su gobierno y persona.

Estimado lector: use cubrebocas; no espere a que ponga el ejemplo a quien ni quiere usarlo ni quiere acabar la corrupción, pa'pronto.