El abogado Ángel Nava Rojas debe contarse entre los funcionarios capitalinos más desafortunados de la historia reciente.

Hasta hace 20 meses, se desempeñaba como Director General Jurídico y de Gobierno en la delegación Gustavo A. Madero. Era, en términos llanos, el segundo a bordo del gobierno perredista en aquella populosa demarcación.

El hombre de confianza del delegado Francisco Chiguil.

La tarde del viernes 20 de junio del 2007, un operativo pésimamente ejecutado en la discoteca News Divine. Nava Rojas, jefe de los verificadores administrativos de la delegación, estaba de vacaciones, pero su rúbrica está al calce del documento que amparó la intervención policiaca que derivó en la tragedia que costó la vida a 12 personas, entre ellas nueve menores de edad y tres policías.

A partir de entonces, el abogado ha vivido a salto de mata. Aunque fue removido de su puesto y suspendido por la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, comenzó el 2009 como asesor en la Asamblea Legislativa y lo terminó como empleado de la delegación Benito Juárez.

Con oficios que llevaban su firma al calce, un grupo de supuestos verificadores de esa demarcación, gobernada por el panista Mario Palacios, recorría un perímetro que va de la colonia Portales hasta la Narvarte, clausurando ampliaciones y remodelaciones de viviendas unifamiliares y edificios de oficinas que carecían de los permisos correspondientes. Más delito es la usurpación de funciones que la negación de servicio delegacional por la que el Juez XIX de Distrito, Rafael Guerra Álvarez, lo sentenció a cumplir seis años de cárcel y ser inhabilitado, durante seis años, del servicio público.

Hay gente que se ha robado 40 millones de pesos y los inhabilitan menos de cinco años , se quejaba Nava Rojas el año pasado, cuando la mayoría de sus amigos perredistas lo rehuían. Chiguil es un traicionero y Joel Ortega ofreció mi cabeza, para salvar su pellejo , lamentaba.

Casi todos los mandos medios y superiores de la GAM perdieron su empleo por el caso News Divine, pero nadie pisó el Reclusorio. De igual forma, ninguno de los policías que fueron consignados por el Ministerio Público a raíz del incidente del 20 de junio del 2007, permanece en prisión.

Guillermo Zayas González, responsable de planear y ejecutar el fallido operativo policiaco, inicialmente enfrentó acusaciones por homicidio doloso.

Experimentado en materias judiciales –fue uno de los fiscales más eficientes en el DF, en la época que Bernardo Bátiz estuvo al frente de la Procuraduría capitalina– sabía que esos cargos eran insostenibles y logró una reclasificación, a homicidio imprudencial. Desde hace un año se encuentra libre, bajo fianza.

Los mandos policiacos que apoyaron a Zayas en el despliegue de la fuerza operativa, Marco Antonio Cacique Rosales y Carlos Mario Zepeda Saavedra, fueron encarcelados, por falsear sus declaraciones.

También están libres, bajo caución, lo mismo que Oswaldo Chávez Rangel y Gerardo Chávez Rangel, ambos adscritos al sector Pradera de la SSP, quienes fueron consignados por el delito de abuso de autoridad.

El doctor Francisco Javier Casiano Guerrero, fue sometido a la acción judicial sin pasar por el Reclusorio. Empleado de la Secretaría de Salud, participó en el operativo por petición de la Procuraduría y su delito fue haber solicitado a siete jovencitas que estuvieron en el News Divine que se desnudaran, cuando supuestamente sólo les haría una revisión física.

El juez Guerra Álvarez lo ha encontrado culpable de abuso de autoridad y lo ha condenado a nueve años de prisión, a la reparación del daño, para dos de las jóvenes, quienes recibirán 9,000 y 18,000 pesos, respectivamente, al pago de una sanción administrativa, por 42,000 pesos y a 19 años de inhabilitación del servicio público.

Una veintena más de uniformados –tanto de la SSP como de la Procuraduría– fueron sometidos a investigación, como probables responsables de ejercicio ilegal del servicio público, pero no serán castigados. La misma suerte correrán ocho empleados de la delegación Gustavo A. Madero.

Lo peor de todo es que ni el entonces jefe de la policía capitalina, Joel Ortega Cuevas ni el exdelegado, Francisco Chiguil ni el exprocurador pagarán por su negligencia, su prepotencia y su falta de solidaridad con las víctimas.

El doctor Casiano Guerrero y Ángel Nava Rojas son meros chivos expiatorios.

En el caso de Alfredo Maya Ortiz El Candi, dueño del News Divine, será condenado por acciones que no fueron su responsabilidad o decisión. Otros podrían ser sus delitos, pero lo cierto es que cayó en la misma trampa que le costó el puesto y la carrera política a Joel Ortega.

EFECTOS SECUNDARIOS

ATRAPADO. Carlos Alberto Luna Ayala, un internauta zacatecano de apenas 25 años que por unos cuantos miles de pesos ofrecía el padrón electoral, se encuentra bajo el resguardo de las autoridades federales. Agentes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, que encabeza Arely Gómez, ya lo interrogan.