Estamos por entrar a la fase del confinamiento que, en los hechos, buena parte de la sociedad comenzó, en la medida de lo posible, antes de que el gobierno la decretara. La sociedad se adelantó. La tranquilidad con la que la Secretaría de Salud ha informado del Covid-19 y el súbito cambio de discurso la semana pasada alertando sobre la “última llamada” para evitar una situación grave, ésa que todos los países están sufriendo, nos hace pensar en las cosas que, en materia económica, debemos hacer para evitar el siguiente mal, que se manifieste en una muy drástica caída de nuestra economía. Entendemos que el fenómeno de la pandemia de la gripe china es, en principio, un reto a la salud, pero lo es mucho más para la economía global en general y, en particular, a la de cada país. Lo anterior impone a los gobiernos el enorme reto de hacer frente al tema de salud pública con sistemas notablemente insuficientes e ineficientes en prácticamente todo el mundo y, aún más, contribuir a salvar a su economía, en especial la pérdida de empleos. En efecto, en una situación de crisis económica como la que ha comenzado, los gobiernos tienen la obligación irrenunciable de preservar el empleo a toda costa. La pérdida de empleos constituye junto con el quebranto financiero, las peores calamidades que una crisis económica como ésta nos pueden dejar. Los bancos centrales del mundo ya han demostrado su disposición a proveer la liquidez suficiente a sus economías. Ahora toca a los gobiernos proponer medidas fiscales para apoyar al sector privado en la preservación de sus negocios y con ello de los empleos de millones de personas.

Se da por descontado que los gobiernos deben de apoyar a los que menos tienen. Sin embargo, en la evidencia empírica no existe ninguna duda que demuestre algo contrario a la obligación de los gobiernos de ayudar al conjunto de la economía como un todo, desde las grandes empresas hasta las pequeñas y micro, incluido el comercio informal. El apoyo fiscal al sector privado es fundamental. Con ello se conservan las fuentes de empleo, se evita el crecimiento de la pobreza y se contiene el efecto nocivo que pudiera generarse en el sistema de pagos. Las grandes potencias nos están enseñando cómo de forma acelerada disponen de recursos reorientando el gasto, y hasta de deuda pública, para evitar el colapso ahora mismo antes de que millones terminen inmunes al Covid-19, pero sin trabajo. La pérdida de empleos es la clave porque el recuperarlos tarda años. Los empleos se crean y sostienen en el sector privado, y es a donde debe estar dirigida la ayuda a través del diferimiento del pago de impuestos, aligeramiento temporal de las cuotas de seguridad social, incluso ayuda para pago de rentas de inmuebles y del pago de luz y agua; todo ello de manera temporal. El otorgamiento de créditos blandos debe ser visto como algo complementario, porque entenderlo como la forma de ayuda primaria lo hace lento y no resuelve el problema de fondo. La economía de México, al ser la decimatercera del mundo, debe tener un fuerte paquete de apoyos fiscales al sector privado, de lo contrario, estaremos ante la posibilidad de que para diciembre habremos perdido al menos 1 millón de empleos.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas