Los bosques tropicales de México y Centroamérica, nuestro más grande acervo de biodiversidad, están siendo arrasados por el narcotráfico. Esto viene a retroalimentar un acelerado proceso de deforestación regional nutrido ancestralmente por una débil o inexistente gobernanza territorial, pobreza, actividades agropecuarias de subsistencia y expansión de agricultura comercial. Todo, en un contexto de vastas propiedades colectivas o indefinición de derechos de propiedad y en ausencia de un Estado capaz de aplicar políticas eficaces de gestión del territorio y conservación.

Las políticas de combate a las drogas desde el lado de la oferta (persecución, incautación, erradicación), derrotadas persistentemente durante décadas, tienen una expresión territorial y ecológica cada vez más trágica. No se asume ni se reconoce. La guerra en contra de las drogas, perdida de antemano, genera un daño ecológico colateral inmenso.

Desde Nicaragua hasta la Península de Yucatán, la cuenca del Usumacinta y el Soconusco, los ecosistemas tropicales mesoamericanos forman un corredor biológico de cuya integridad depende la supervivencia de especies y recursos invaluables. Percíbase también su carácter de vaso comunicante humano y cultural, su riqueza arqueológica y el narcotráfico que se asienta y fluye a través de él, y tendremos una siniestra epifanía.

La evidencia es clara y se aprecia en las correlaciones regionales entre tasas de deforestación y actividad de narcotráfico (McSweeney K. et al. Drug Policy as Conservation Policy: Narco-Deforestation . Science. Vol. 343, January 31, 2014). Particularmente en el Petén guatemalteco y en varias zonas del sureste mexicano, el flujo de cocaína coincide con periodos de deforestación extensiva. En general, áreas críticas de deforestación se sobreponen espacialmente a nodos de narcotráfico.

Se identifican al menos tres mecanismos de interacción entre el narco y la deforestación. Uno es la apertura de pistas de aterrizaje y de caminos clandestinos. El segundo es la presencia de armas y dinero (narcocapitalización) que agudizan la violencia y la ingobernabilidad, así como la explotación de tierras y ecosistemas. Y el tercero es que las cuantiosas utilidades del narcotráfico representan poderosos incentivos en la población local y en los narcotraficantes para convertir el bosque tropical en zonas ganaderas o de agricultura comercial en un proceso de lavado de dinero que crea y legitima nuevos activos. En la península de Yucatán, sometida a una intensa deforestación, esto parece ser práctica común. La persecución e intentos de erradicación del narco, lo empuja a zonas más remotas y mejor conservadas, y ecológicamente mucho más frágiles, donde los impactos ambientales se multiplican.

La deforestación y la destrucción del patrimonio ecológico nacional deben ser contabilizadas de manera destacada en los costos de la guerra en contra de las drogas (imposible de ganarse, como lo muestra más de medio siglo de fracasos), junto con la pérdida de capacidades de gobernanza territorial y de servicios ambientales, además, desde luego, de la violencia y la erosión de las instituciones.

Mientras llega el día en que se admita la futilidad de una política persecutoria y prohibicionista con respecto a las drogas, hay que reconocer la dimensión ecológica del problema del narcotráfico y la necesidad de abordarlo en consecuencia. Es preciso desarrollar capacidades de inteligencia e investigación eficaces en zonas críticas, así como sistemas de monitoreo ex profeso a partir de reconocimiento aéreo y percepción remota. Ahí, debe priorizarse la presencia de fuerzas federales conjuntamente con personal especializado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aumentarse su personal y presupuesto, así como decretarse nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) y/o consolidar su operación. Desde luego, es urgente un cuerpo de Policía Federal dedicado ex profeso a la vigilancia en ANP. Por último, en este sentido, México debe promover y encabezar una acción colectiva regional con Centroamérica.