La memoria es débil. Sólo así puede explicarse que aquí en México, el síndrome de Grecia haya sido recibido por una mayoría como si se tratara de una noticia proveniente de Marte. No es el caso. En su esencia, la problemática del país helénico es muy semejante a lo que le ocurrió a México durante los sexenios de Echeverría y López Portillo de 1970 a 1982.

El origen del problema fue el mismo. Un gasto público excesivo daba lugar a déficit fiscal. El déficit se financiaba con deuda externa y la deuda crecía de manera ininterrumpida. El proceso de endeudamiento se interrumpía cuando se cerraban abruptamente las fuentes de financiamiento.

En su momento, la justificación del gobierno para ese endeudamiento fue que México tenía petróleo y que el precio iba para arriba. En los casos de Grecia, España, Portugal y hasta de Italia, la situación de desbalance fiscal entró en violación abierta con lo establecido en el Tratado de Maastricht (creador de la Unión Europea). ¿Por qué antes de la crisis griega no se denunció esa violación?

Nadie experimenta en cabeza ajena. Tuvo que sobrevenir la amenaza de los mercados para que España, Portugal e Italia reaccionaran y prometieran el ajuste, cuyo anuncio inyectó tranquilidad transitoriamente. Pero hay que aclararlo: la mera promesa de que se corregirán las cosas es tan sólo el principio de la solución. Hacia futuro, habrá que poner manos a la obra y pronto, reduciendo gastos y elevando ingresos.

¿Y lo anterior, qué tiene que ver con México? En la actualidad quizá poco, pero potencialmente mucho, aunque preventivamente. En nuestro país hay grupos con influencia, que andan promoviendo la adopción del tipo de políticas económicas que dan lugar a un endeudamiento excesivo. Políticamente, se le denomina proponer un modelo económico alternativo . La clave del enfoque reside en utilizar el gasto público como motor para impulsar un crecimiento más rápido.

Lo que subyace detrás de esta discusión es un desdén por el principio fundamental del problema económico: la escasez de los recursos (y en el caso que me ocupa: los recursos prestables). No es el gasto social el que se impugna, sino las fórmulas para financiarlo. Ningún país como ninguna persona puede vivir indefinidamente de prestado.

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