El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no es sólo un aeropuerto. Es el núcleo de un potencial proceso sostenible de desarrollo regional en el oriente del valle de México. La superficie que abarca el NAIM es de 4,000 hectáreas, pero su zona de influencia se extiende por más de 20,000 hectáreas en municipios como Texcoco, Chimalhuacán, Atenco, Chicoloapan, Neza e incluso por la CDMX. De hecho, debería constituirse en una Zona Económica Especial, aunque la idea no ha tenido eco en las instancias competentes.

El oriente del valle de México ha sido tradicionalmente una región dominada por el caos y la anarquía territorial, así como por una aguda degradación urbana y ambiental. Esto se ha conjugado con pobreza y escasez de servicios y espacios públicos, así como de oportunidades de empleo y desarrollo para sus habitantes. De facto, casi toda esta región es una inmensa y lumpenizada ciudad-dormitorio con una población de varios millones de personas, receptáculo (por otro lado generoso) de legiones de inmigrantes de los estados del sur de la República. El NAIM es capaz de cambiar todo esto.

El proyecto del propio NAIM incluye por supuesto tres pares de pistas de operación simultánea, una extraordinaria terminal y torre de control, así como centros de logística periféricos y una ciudad aeropuerto. A ello se acoplarán de manera directa centros de desarrollo aeroespacial, unidades tecnológicas y de capacitación, así como incubadoras de empresas especializadas. No obstante, el mayor impacto regional vendrá de un complejo ensamble de infraestructuras asociado al proyecto del NAIM. Sobresalen obras hidráulicas de regulación, protección, drenaje, tratamiento y reúso de aguas residuales y creación de nuevos hábitats lacustres para aves migratorias y residentes, como lo exige la Resolución en Materia de Impacto Ambiental correspondiente. Igualmente, deben destacarse las obras de infraestructura de transporte, que incluyen Metro, metrobuses y nuevas vialidades de conectividad e integración metropolitana.

Lógicamente, no se dejaría la regulación de los usos del suelo a municipios débiles e históricamente vulnerables a la corrupción, sino que tendrá que establecerse un nuevo sistema de ordenamiento territorial y urbano que contemple zonas de vivienda, industria de alta tecnología, servicios, áreas verdes, espacios públicos. Destacará también la previsión de áreas de agricultura intensiva y tecnológicamente avanzada de vegetales y flores, que se vinculará a facilidades de exportación ofrecidas por el NAIM y sus esquemas logísticos. Ello, junto a proyectos ambientales, como la remediación y regeneración como espacio público de los inmundos tiraderos de basura de Neza y Chimalhuacán, una solución final al Bordo Poniente, una planta de Termovalorización de residuos urbanos y nuevas áreas verdes y parques públicos con elementos lacustres que conserven especies endémicas.

Por su lado, el terreno del actual aeropuerto será un regalo inédito para la ciudad, dado que permitirá crear nuevos espacios públicos, centros educativos, vivienda, áreas verdes y servicios para el oriente de la CDMX y la zona metropolitana en un planteamiento de alianzas público-privadas.

Todo esto exige un nuevo concepto de gobernanza territorial que permita la integración y coordinación intersectorial y entre niveles de gobierno, a través de un Acuerdo de Coordinación entre entidades relevantes del gobierno federal, el gobierno del Estado de México, los municipios y la CDMX. Será necesario insistir con esta visión en un formato de Zona Económica Especial, o bien, en una nueva fórmula institucional enteramente mexiquense.

En este escenario, cancelar el NAIM no sólo será una aberración económica, fiscal y aeronáutica, sino significará echar a la basura una invalorable oportunidad para redimir al oriente del valle de México. Implicará dejarlo a merced de la anarquía territorial, fealdad, degradación, caos, pobreza y miseria existencial para sus habitantes.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.