Empresas podrían integrar un consorcio capaz de asumir la concesión, terminar el NAIM en Texcoco, sin que represente ninguna erogación para el Estado

Los costos totales de la cancelación del nuevo aeropuerto (NAIM) en Texcoco son colosales. Es difícil pensar que pueda sostenerse la decisión. Deben contabilizarse los costos ya incurridos en la construcción, dinero que quedará enterrado en el sitio. El pago a tenedores de bonos, créditos bancarios y liquidación de Fibra E. Pago a las Afores. Indemnizaciones por rompimiento de contratos con constructores y proveedores. Costo de construcción del inviable aeropuerto en Santa Lucía. Costo de desalojar y reubicar las instalaciones estratégicas de las fuerzas armadas, que no pueden coexistir con un aeropuerto civil. Costo de destruir o demoler lo ya construido en el sitio de Texcoco en materia de pistas, terminal, torre de control, obras hidráulicas, caminos y barda, obligatorio por ley. Costo social de dejar sin empleo a más de 40,000 personas. Costo del eventual cese de pagos y concurso mercantil de empresas constructoras. El costo de parchar nuevamente al actual aeropuerto y al de Toluca. Costo de construir nueva infraestructura de transporte a Santa Lucía, a Toluca y entre los tres aeropuertos. El mayor costo operativo para las líneas aéreas. El consecuente mayor costo para los pasajeros. El costo de oportunidad que representan la infraestructura, equipamiento, servicios, áreas verdes y espacios públicos perdidos que se desarrollarían en el terreno del actual aeropuerto —propiedad federal— en una zona con grandes carencias. El costo ambiental ya incurrido por la construcción del NAIM en Texcoco y que no sería mitigado ni compensado dada la cancelación del proyecto. El costo ambiental de la demolición y el tiro de millones de toneladas de concreto, basalto y tezontle en sitios del Estado de México. El costo ambiental de la construcción en Santa Lucía. El costo ambiental de la relocalización y construcción de instalaciones militares. El costo de un mayor servicio de la deuda por devaluación del tipo de cambio y mayores tasas de interés. El costo de años de estudios indispensables para Santa Lucía hoy inexistentes. El costo de saturación en pocos años del imposible trinomio AICM-Santa Lucía-Toluca. El costo de oportunidad para el Estado al perder en el futuro un cuantioso flujo de recursos provenientes de la TUA en un hub aeroportuario (recomendamos un sencillo ejercicio de cálculo del valor presente neto que representará la TUA futura). El costo administrativo de generar nuevos vehículos institucionales para la construcción en Santa Lucía, hacer un nuevo proyecto ejecutivo y nuevas licitaciones y contratos. Y el costo de atender una catarata de demandas y amparos.

Todo lo anterior es sin tomar en cuenta el costo de inversiones que no se materializarán más, por pérdida de confianza y competitividad y de dejar todo el pastel del mercado aeronáutico de interconexión en América Latina a los aeropuertos de Miami, Houston, Panamá y Dallas, lo cual significa miles de empleos potenciales destruidos.

En verdad, es inverosímil hacer pagar a la nación esta factura astronómica por muchos cientos de miles de millones de pesos, sin razón alguna. Es una decisión y daño autoinfligido inexplicable. El NAIM en Texcoco no plantea ninguna incertidumbre fiscal, es totalmente autofinanciable y es muy rentable para el Estado. Si el próximo gobierno tiene una tasa de descuento tan alta, que el futuro a mediano y largo plazos le es insignificante y desea, por causas inescrutables, renunciar a esa voluminosa renta derivada de la operación de un monopolio natural, debería al menos concesionarlo. Fácilmente, las empresas constructoras y operadoras de aeropuertos, mexicanas y extranjeras, podrían integrar un consorcio capaz de asumir la concesión, terminar exitosamente el NAIM en Texcoco y hacerlo funcionar con eficiencia, sin que represente ninguna erogación para el Estado en el corto plazo, que es lo que al parecer importa.

En cualquier caso, si el NAIM en Texcoco no se concesiona y se mantiene su cancelación, los ciudadanos debemos exigir una verdadera consulta popular constitucional (esa sí, vinculatoria) sobre su terminación, lo cual está a la mano. Se requiere simplemente que la tercera parte de los diputados o senadores la convoquen, o bien, 2% de la lista nominal de electores (2 millones de ciudadanos).

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.