La ventaja de haber trabajado en la banca es que -se sabe- se pueden evocar vivencias desconocidas para el público. Recuerdo aquella experiencia imborrable. El banco en el que prestaba mis servicios había concedido el crédito solicitado por aquellos empresarios -nuestros clientes- del ramo de la confección.

Sin embargo, al momento de firmar el contrato, al escuchar el Director de la empresa el contenido de las cláusulas, abandonó la sala alarmado: ¡Yo no firmo eso -se quejó-, quiero dormir tranquilo! . Fue larga y difícil la labor de convencimiento. Se le explicó que ese contrato era tan sólo un machote general que los abogados del banco habían preparado con el fin de darle la mayor protección por anticipado en caso de pleito legal.

Se entiende que los contratos que los bancos imponen a sus clientes se sientan leoninos. Por un lado, los bancos tienen que cubrirse en contra de clientes que -aunque minoritarios- actúan de mala fe y pueden causar quebrantos. Por desgracia, los que tienen que pagar por esas conductas de ambos lados son los usuarios bancarios de buena fe, que son la mayoría.

Pero no hay que confundir las cosas; no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Un asunto es que los bancos velen por sus intereses -si se quiere en exceso- y otra cosa muy distinta es que incurran en actos de engaño, casi fraudulentos, en franca agresión en contra de su clientela. Trae a colación lo anterior la noticia dada a conocer ayer miércoles, relativa a que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) impuso una multa importante a siete bancos.

A menos de que en su defensa los bancos multados comprueben inocencia, la acusación demuestra dolo: o sea, un proceder injusto e hipócrita. Los bancos están obligados por ley a poner en conocimiento de la autoridad los modelos de contrato que sus clientes tienen que firmar.

Lo que encontró la Condusef en una investigación es que los contratos de tarjeta de crédito que esos clientes habían firmado no correspondían a los machotes de contrato registrados oficialmente. Las instituciones ciertamente habían actuado con la intención de engañar.

Así, aunque las carátulas de los contratos coincidían con el modelo oficial, el contenido era diferente y omitía información indispensable para el acreditado.

Bien por la Condusef, pero en cuántos otros casos los bancos abusones se han salido con la suya.

bdonatello@eleconomista.com.mx