En los últimos días, aunque por vías indirectas, ha sido posible conocer los servicios foráneos contratados por la oficina de Enrique Peña Nieto para resolver algunos litigios en curso.

Por intercesión del internacionalista Diego Gómez Pickering, cercano colaborador de Luis Videgaray, el priísta tendrá asesoría de la firma Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, uno de los lobbistas más reputados (y caros) en Washington DC, quien tendrá la tarea de difundir propaganda positiva las próximas semanas.

Esta contratación -confirmada por la publicación del contrato respectivo- podría considerarse la primera erogación del equipo de transición, aunque oficialmente no haya sido autorizado su presupuesto por la Secretaría de Hacienda.

Los priístas hicieron otra contratación de lujo. Firmaron a Christopher L. Ludmer, un joven abogado recién asentado en San Diego, California, para representar a Erwin Lino, secretario particular de Peña Nieto, y a los voceros del mexiquense, David López Gutiérrez y Roberto Calleja, en la demanda interpuesta por el empresario méxico-americano José de Aquino, por un presunto fraude cometido a finales del año pasado.

Formado en la Armada estadounidense, donde alcanzó el grado de Teniente y se ubicó como asistente principal del abogado de la Secretaría de Marina, Ludmer ejerció en Pennsylvania y en Georgia, antes de radicar en California. En su currículum presume haber representado a jefes de Estado y altos funcionarios y políticos extranjeros en litigios estatales y federales que involucraban más de 50 millones de dólares en demandas civiles relacionadas con campañas políticas, donativos a campañas y publicidad .

La demanda de Aquino persigue una indemnización de 56 millones de dólares por las pérdidas que el empresario habría sufrido a finales de año pasado, cuando supuestamente fue contratado para distribuir los contenidos de una campaña propagandística del PRI y Peña Nieto en Estados Unidos.

Ludmer entró en acción de inmediato y de manera contundente: ya demostró en la Corte que ninguno de los tres integrantes del equipo de Peña Nieto está enlistado en el contrato que se adjuntó a la demanda y que demostraría los dichos de Aquino.

Es principio general de derecho que ningún incumplimiento de contrato podrá ser argumentado en contra de una persona que no forma parte de dicho contrato , estableció, para luego asentar que legalmente no existió deber fiduciario alguno entre los priístas y el propietario de Frontera Television Network (FTN), quien en los últimos tres lustros ha acumulado un largo historial de litigios en el área de San Francisco, especialmente en la Corte Suprema del Condado de San Bernardino. No sólo se trata de su intervención en subastas de bienes raíces, sino también algunas disputas de índole civil y cargos penales.

En esos legajos fue posible ubicar al menos seis seudónimos del empresario, entre ellos: José Luis Ponce, José Luis Ponce de Aquino, José Deaquino, José Diaquino, José Luis Ponce de León y José Aquino, por lo que, para efectos prácticos, sus demandados se refieren a él como Mr. Aquino.

Ayer, el CEN del PRI difundió un comunicado para adelantar que el representante legal de Aquino se retiraría del caso, a raíz de graves inconsistencias en la demanda presentada por su cliente . Ese boletín iba acompañado por una carta, en inglés, del despacho de abogados Kaplan Ludmer, quienes junto con Michael Pancer fueron comisionados para representar los intereses de Lino, López y Calleja ante las cortes de Estados Unidos, en la demanda entablada por el empresario contra Alejandro Carrillo Garza-Sada.

La misiva fue enviada hace 10 días a la oficina de Maxwell Agha, abogado del dueño de FTN. Es un exhorto para desincentivar al litigante de proseguir en la reclamación, so pena de ser sujeto de responsabilidad, conforme a la Rule 11, a las Normas Federales de Procedimiento Civil en Estados Unidos.

A juicio de los defensores de los priístas, la demanda está mal sustentada y resulta excesiva, al querer vincularlos con el crimen organizado (racketeering, es el término en inglés). Y no sólo eso, sino que, al querer enjuiciar in proper al próximo Presidente de México en cortes estadounidenses, quedó demostrado el objetivo frívolo y de hostigamiento del señor Aquino. En respuesta, según el comunicado 248 del CEN del PRI, Agha informó que renunciaría a continuar asesorando al demandante.

Entre la cúpula priísta hay confianza en sus abogados. Tan es así, que los voceros del tricolor agasajaron a los reporteros que cubrieron la campaña de Peña Nieto con una extenuante comida, el jueves. Ni el huracán o chubasco pudo evitar el festejo.

EFECTOS SECUNDARIOS

INFORTUNIO. El helicóptero AW 119 Grand, matrícula XA-UQH, siniestrado en Jiquipilco, fue una de las aeronaves de la empresa Eolo Plus para transportar a Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial. La flota de esa compañía, adquirida recientemente al fabricante canadiense AgustaWestland, es de dos aeronaves ligeras, de doble hélice, y cuatro 119 Ke, de modo que sólo puede atribuirse el accidente a las condiciones meteorológicas. El comandante Miguel Ángel Rodríguez tenía formación militar y era bastante apreciado en su gremio. A sus deudos, así como a la familia del joven empresario Juan Armando Hinojosa García, el más sentido pésame.