En mi artículo de la semana pasada expuse que a Telmex deberían quitársele todas las obligaciones de servicio universal que le fueron impuestas cuando era un monopolio. Si el modelo que impera en México es el de libre mercado, no se justifica, de ninguna manera, que una sola empresa supuestamente en competencia asuma todas las obligaciones de cobertura universal, cuando al mismo tiempo se le fuerza a disminuir su participación de mercado por debajo de 50% para poder sustraerse de la regulación asimétrica que la reforma en telecomunicaciones le impuso.

Por fin, ¿el Estado pretende que Telmex cubra al mayor número de mexicanos y por eso tiene obligaciones de servicio universal, o lo que quiere es que no le preste servicio a más de 50% del mercado y por eso le impone regulación asimétrica? Evidentemente hay una grave contradicción entre ambas posturas.

Hace falta valor para quitar las obligaciones de servicio universal de Telmex. Hace falta valor para decir con todas sus letras que los únicos responsables del servicio universal son la Subsecretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de Egresos y la Cámara de Diputados. Todos ellos tienen el control de la política pública en telecomunicaciones y de los recursos que se deben destinar al servicio universal.

Como el valor no es algo que sobre en este país de simulación y visiones de corto plazo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha tratado de eliminar o, por lo menos, matizar la asimetría que impuso la reforma en telecomunicaciones y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a Telmex y Telcel, a través de los modelos de costos aplicables a las tarifas de interconexión que éstas tienen que pagar a sus competidores y los futuros precios que los competidores habrán de pagar a Telmex y a Telcel por la desagregación de su red local y el uso de su infraestructura pasiva. Sí, a través de una nueva simulación.

Es decir, el IFT, consciente de la contradicción intrínseca entre forzar a Telmex a competir y al mismo tiempo obligarlo a asumir las obligaciones de servicio universal, pretende matar la asimetría que la Constitución y la ley obligan imponer al agente económico preponderante en telecomunicaciones, y lo están haciendo a través de los modelos de costos. Por un lado, cuando Telmex o Telcel son los que pagan (interconexión, por ejemplo), el IFT incorpora al modelo una WACC muy baja o de plano el valor WACC es cercano a cero. Por el contrario, cuando Telmex o Telcel son los que cobran (por la desagregación de la red local o el uso de infraestructura pasiva), la WACC es altísima, sin que exista justificación racional alguna que lo justifique.

He utilizado el acrónimo WACC porque es el que usan los propios competidores de Telmex-Telcel en sus comentarios sobre los modelos de costos sometidos a consulta pública por el IFT y que recientemente se han dado a conocer. Para los que no somos economistas, el acrónimo nos puede parecer algo muy complejo pero en realidad es un concepto bastante simple: WACC es el valor del dinero. Es decir, el dinero vale por sí mismo. Si no lo invierto en una torre, lo puedo poner en el banco o en la Bolsa de Valores y me da un rendimiento. Bueno, pues ése es su valor. Evidentemente, el valor del dinero sube mientras más alto sea el riesgo de la inversión.

¿Por qué el IFT le atribuye a las inversiones de Telmex y Telcel un WACC dos o tres veces mayor que el de todos sus competidores? ¿Tiene mucho más riesgos aquel que tiene 70% del mercado y que tiene como clientes cautivos a todos sus competidores? ¿Es muy riesgoso pertenecer al grupo industrial y comercial más poderoso de México? Evidentemente, no. Simplemente el IFT quiere ayudar a Telmex y Telcel en perjuicio de sus competidores, ante la cobardía del Estado por asumir su propia responsabilidad.