Discutiremos en las próximas semanas una enésima reforma fiscal y, como sucede en cada ocasión en que este debate domina foros y Parlamentos, nos llenaremos de lugares comunes y mitos tributarios que conviene ventilar –desde ahora– para evitar caer en la tentación de repetirlos de manera vacía.

En primer término, debemos preguntarnos si en realidad necesitamos una nueva reforma fiscal para dotar de mayores recursos al Estado mexicano. Para responder este cuestionamiento debemos resolver previamente si los recursos actuales –más de 6.2 billones de pesos anuales– están bien asignados y gastados eficientemente.

Si existe un consenso en el sentido de que el presupuesto debe cubrir necesidades de educación, salud, seguridad e infraestructura productiva ¿por qué no cuestionamos el derroche que presenciamos este año en campañas, consultas, giras y obras innecesarias? ¿Cuánto dinero podemos ahorrar y reasignar eficientemente? En tanto no tengamos una respuesta cabal a ello no podemos exigir un mayor sacrificio al patrimonio de los gobernados, no en medio de la peor crisis económica de los últimos 90 años, no mientras no exista dinero para medicamentos oncológicos para menores, pero sí para montar maquetas monumentales del Templo Mayor.

En cada reforma tributaria se señala que la carga fiscal en México es muy baja en comparación con la que existe en países con un desarrollo similar al nuestro. Siendo este enunciado cierto (si comparamos la recaudación como proporción del producto interno) ello no se resuelve –como comúnmente se cree– incrementando o creando nuevos impuestos, sino recaudando mejor, especialmente cuando la mitad de la economía es informal y otro porcentaje elevado es economía gris. Que el jefe del Ejecutivo presuma que nunca ha tenido tarjetas de crédito o chequera revela que gran parte de la población (y por ende sus ingresos y gastos) se conduce en efectivo, quedando fuera del poder fiscalizador del Estado.

En estas discusiones se pretende hacer creer que las empresas pagan menos impuestos que sus empleados. Incorrecto. Todo el impuesto sobre la renta (ISR) de los trabajadores lo producen, administran y pagan las empresas. Inclusive, cuando este impuesto no es cubierto debidamente, el cobro coactivo se hace a los empleadores, nunca a los trabajadores. Sin los recursos generados por las empresas no existirían los salarios y mucho menos las contribuciones que dependen de dichos salarios (ISR, seguro social, impuestos sobre nóminas). Las contribuciones que pagan estos entes privados alcanzan para cubrir, inclusive, el ISR del sueldo de los funcionarios públicos.

Otro mito recurrente es el de los llamados gastos fiscales. Es común que el legislador se duela del número de deducciones que otorga el sistema tributario, sin reparar que esos gastos se convierten –directa o indirectamente– en ingresos gravables en manos de otros contribuyentes.

La circulación del dinero formal se traduce en consumo formal y éste en impuestos como el IVA o el IEPS. Limitar las deducciones tiene un impacto recaudatorio a corto plazo y un impacto desfavorable permanente a las empresas. No darles efectos fiscales a las erogaciones reales e indispensables de los contribuyentes –además de injusto– se convierte en incentivos para la evasión.

Nada debemos esperar de una reforma que desaliente la formalidad basada en mitos.

@erevillamx

Eduardo Revilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Deloitte México (Impuestos y Servicios Legales). Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Ha sido profesor de Derecho Fiscal por más de 30 años en diversas universidades.

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