A pesar del relativamente alto crecimiento de la economía mexicana durante el año pasado y el primer trimestre del actual, es claro que enfrentamos un serio problema estructural que impide alcanzar tasas mayores y sostenidas de crecimiento. Seguimos en gran medida dependiendo de las exportaciones por lo que una desaceleración de nuestros principales socios comerciales, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, repercutiría negativamente en la tasa a la cual se expande nuestra economía, tal como se ha observado durante este segundo trimestre.

Durante las últimas tres décadas, la economía mexicana ha tenido un desempeño notoriamente mediocre. El PIB por habitante prácticamente no ha crecido porque los incentivos que se derivan del arreglo institucional vigente no son los que se requieren para lograr esas mayores tasas de crecimiento. Durante estas tres décadas, la expansión que hemos observado se ha debido casi íntegramente a la acumulación de factores de la producción, capital y mano de obra, pero ha estado ausente la principal fuente de crecimiento económico que es el cambio tecnológico que deriva en una mayor productividad de los factores de la producción.

Seguimos atorados con un arreglo institucional notoriamente ineficiente, uno que conlleva la existencia de muy altos costos de transacción. Y como referí en los dos últimos artículos: mientras esto no cambie, el abatimiento de la pobreza en nuestro país seguirá siendo un proceso extremadamente lento y dependiente de programas de carácter asistencial, muchos de ellos mal diseñados e instrumentados, lo que de hecho representa un enorme desperdicio de recursos escasos.

Los cambios que se requieren en el marco institucional se han mencionado de manera repetitiva, destacando la reforma a la legislación laboral, la reforma energética, la tributaria, la educativa, la reforma a la seguridad social, la reforma en el sector de las telecomunicaciones, una mayor efectividad en el combate a las prácticas monopólicas, una mayor efectividad por parte del Poder Judicial en la garantía que debe otorgar para el cumplimiento de los contratos, etcétera. Reformas que se requieren para alinear los incentivos con el objetivo de un mayor crecimiento económico.

Todos los actores relevantes, particularmente en el Poder Legislativo, saben cuáles son estas reformas y, sin embargo, no pasa nada. México sigue secuestrado por un sistema político que mantiene el statu quo, uno en donde se premia la búsqueda y apropiación de rentas por parte de diversos grupos de interés, sean los mismos partidos políticos, los propios políticos, la burocracia, los sindicatos y las empresas con poder monopólico.

Mantener este statu quo se traduce en que nuestra economía sea estructuralmente débil, lo cual obviamente tiene un enorme costo que es no crecer a mayores tasas. El presidente Calderón hizo recientemente un urgente llamado al Congreso para convocar a un periodo extraordinario para que las mencionadas reformas se aprueben, llamado que al parecer fue olímpicamente ignorado por los líderes de las diferentes facciones en el Poder Legislativo, quienes ya están más ocupados y preocupados por el proceso electoral del próximo año. No aprobar ya estas reformas significará otro sexenio más que se pierde, la economía no se fortalecerá estructuralmente y el desempeño seguirá siendo notoriamente mediocre.

Ya se perdió toda una generación de mexicanos que no ha experimentado una mejora significativa en sus niveles de bienestar y el futuro inmediato no pinta muy bien. Un panorama realmente muy desolador.

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