Es bien sabido por la comunidad que estudia el progreso y bienestar de las naciones que uno de los requisitos esenciales para alcanzar un crecimiento económico elevado y sostenido es el de contar con un marco jurídico bien diseñado, transparente y que se aplique universal y equitativamente.

Por desgracia, nuestro país se aleja cada vez más de alcanzar un Estado de Derecho en el que se imparta justicia con estándares mínimos de eficacia, lo que debiera empezar por un sistema que defienda con energía los derechos humanos y de propiedad de los ciudadanos, y aplique la ley con imparcialidad.

En un estudio reciente, publicado por el Banco Mundial [1], se muestra que entre 1998 y el 2008 ocurrió un deterioro apreciable, de 35%, en los indicadores de la calidad del Estado de Derecho en México, y que sus niveles actuales son comparables con los que existen en Libia, Kosovo y Mongolia.

¿A qué es atribuible este notable deterioro de la justicia en nuestro país? ¿Por qué después de que supuestamente se inició la modernización reformista en los años 80 hemos seguido la ruta del cangrejo y marchado en reversa en cuanto a uno de los ingredientes esenciales del desarrollo económico?

Este notable fracaso tiene muchos padres que se ubican en todos los niveles de gobierno y en todos los cuadrantes del compás político. Para muestra bastan algunos botones de las más deleznables aportaciones de los protagonistas estelares en prostituir la ley en México.

1. La Suprema Corte declaró la inocencia de los macheteros-secuestradores de Atenco, en una aberrante decisión que justifica sus acciones violentas y que, una vez sentada jurisprudencia, también las de cualquier otra gavilla de forajidos que reclame la legitimidad de sus demandas sociales .

Las implicaciones de esta perversión legal son gravísimas, pues con ese precedente cualquiera puede dedicarse con impunidad al secuestro, al chantaje o a invadir ciudades enteras, como lo hizo la APPO en Oaxaca en el 2006, cuando secuestró inmisericordemente a sus habitantes.

Hace unos días fueron detenidos el afamado publicista Carlos Alazraki y su equipo de producción, cuando filmaban un comercial en una playa de Michoacán, por comuneros enmachetados que reclamaban ser los dueños de la playa y que para filmar en ella tenían que pagarles.

Los comuneros secuestraron a Alaz-raki y a sus colegas y expropiaron sus vehículos y equipo fílmico hasta que se les compensara por el uso de su playa. Con el precedente de la Suprema Corte y los macheteros de Atenco, bandidos como éstos tendrán ahora su impunidad garantizada por ley.

2. El Senado de la República aprobó por virtual unanimidad -sólo un voto en contra- la Ley de Seguridad Nacional que ordena en su artículo 69 que el Ejército no podrá intervenir ante acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social .

De aprobarse esta ley, que por lo pronto está atorada en la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas se verían impedidas a actuar cuando cualquier gavilla de delincuentes, incluidos los narcotraficantes, escude sus actos criminales con alguna causa social que se les ocurra.

3. El Ejecutivo, dirigido por Felipe Calderón, también trabaja con denuedo para envilecer el Estado de Derecho al anteponer la lealtad partidista a la aptitud en su gabinete, como lo informó The Economist de esta semana, sobre todo en materia de seguridad nacional y administración de justicia.

Carcome la legalidad pervertir a entidades autónomas concebidas para regular actividades privadas básicas, como las vinculadas a las Tecnologías de la Información en el caso de Cofetel, nombrando para dirigirlas a achichincles de burócratas milusos en lugar de especialistas en la materia. ¿Y los monopolios que dizque regula? ¡Mejor que nunca, gracias!

Tampoco es posible avanzar una agenda de reformas serias al abortar la posibilidad de alcanzar el pacto legislativo indispensable con el PRI, partido mayoritario en el Congreso, para en su lugar urdir una alianza electoral contrahecha con quienes ni siquiera reconocen la jerarquía presidencial.

Así, con todos los poderes y los líderes políticos de los más diversos tonos conspirando sin cesar para arruinar el Estado de Derecho en México, no es de extrañar que el país se ubique en niveles africanos en este tema, aunque no los de Sudáfrica, que tiene indicadores cinco veces mejores que los nuestros.

[1] Governance Matters VIII, Policy Research Working , Banco Mundial, junio 2009, p. 4978.