El Estado mexicano debe alentar la inversión y aumentar la confianza de los inversionistas, ésta es la fórmula más confiable para que haya crecimiento económico y por tanto más empleos. Pero, a pesar de que México mostró ser una economía resiliente frente a diversos choques externos derivados de recurrentes crisis financieras, me pregunto cuánto tiempo resistiremos el embate de los choques internos, consecuencia de las malas decisiones de inversión tomadas por el nuevo gobierno.

La mayoría de los ciudadanos piensa que el gran inversor mexicano es precisamente el gobierno, pero la realidad es muy diferente. Su labor es canalizar una parte de los recursos presupuestales para generar la infraestructura mínima necesaria que detone masivamente la inversión privada, además de fortalecer las instituciones que mantengan un clima de certeza y Estado de Derecho para dichos inversionistas.

Veamos algunos números que lo muestran más claramente. El concepto más amplio de inversión se mide mediante la denominada formación bruta de capital fijo, y en ese sentido México pasó de 17% del PIB en 1960 a 22% en el 2017 (último dato reportado por el Banco Mundial); en ese año la inversión privada representó 19% y la pública tan sólo 3 por ciento. Quisiera contrastar con Panamá, nuestro nuevo competidor estratégico por ubicación donde se desarrollará el nuevo aeropuerto hub de América Latina. Este país en 1960 invertía mucho menos que nosotros, tan sólo 13% de su PIB, y, en el 2017, pasó a ser de 40%; del cual, la inversión privada representó 33% y la de gobierno 7%, es decir, casi el doble de lo que se invierte en México.

Es claro que necesitamos un ambiente de confianza para los inversionistas; sin embargo, desafortunadamente el gobierno federal no pretende implementar una política económica que balancee correctamente las prioridades sociales con un ambiente que incentive las inversiones, razón principal por la que Standard & Poor’s (S&P) degradó nuestra calificación crediticia de Estable a Negativa; además de la suspensión de inversiones importantes en el sector energético, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional, así como el anuncio de programas e inversiones “débiles” que podrían inducir a “malos créditos”.

Por eso, quiero destacar el importante papel que jugarán las organizaciones empresariales en los siguientes años. Entiendo que deban encontrar la forma de adaptarse al nuevo modelo de régimen que plantea el gobierno federal, pero también podrían, sanamente, representar un contrapeso que exija un mejor destino para los recursos fiscales que provienen de los impuestos de todos los mexicanos, especialmente del sector empresarial; como pueden ser inversiones productivas cuya factibilidad esté plenamente verificada y cuyo impacto detone en muchas más inversiones nacionales.

Los proyectos de inversión derivados de las reformas estructurales, así como los que se han anunciado recientemente, servirán para formular una plataforma que impulse el desarrollo de México; no obstante, para que esos cambios lleguen a las personas, deben concretarse en oportunidades de empleo. Si queremos eliminar la pobreza, el camino nunca será el subsidio clientelar, más bien, tenemos que hacer que la empresa, el gran empleador de México, sea parte del interés público.

Así lo impulsó Juan Pablo Castañón durante su gestión al frente del Consejo Coordinador Empresarial, y a quien agradezco profundamente el apoyo que me brindó mientras me desempeñé en distintos encargos públicos. Pero, para seguir fortaleciendo el papel de la empresa y los empleos en México, Carlos Salazar, su nuevo dirigente, y a quien deseo el mayor de los éxitos, debe urgir la consolidación de esta agenda conjunta entre sector empresarial y gobierno, una agenda que ofrezco construir de manera coordinada como diputada federal, estrechando puentes que nos lleven a alcanzar el crecimiento económico incluyente que tanto merecemos.

SorayaPérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.