La noticia en torno de Mexicana de Aviación es que sigue en la indefinición y, por lo visto, ése es el estatus que más le conviene mantener a los actores en los que cae la responsabilidad de procurar su regreso a operaciones.

La estrategia parece ser la de hacer como que se está buscando afanosamente que Mexicana vuelva a volar, para en realidad evitar que lo haga.

Además de lo nebuloso y oscuro del inversionista y los recursos que ofreció invertir, el viernes pasado se anunció que se volvió a aplazar la compra-venta de acciones por parte de Med Atlántica a Tenedora K hasta el próximo 12 de abril.

La razón es una presunta intervención quirúrgica a la que tendría que haberse sometido Christian Cadenas, representante de Med Atlántica.

En paralelo, Banorte, de Roberto González Barrera, pidió que el despacho White & Case sea interventor de Mexicana de Aviación.

La institución de crédito es uno de los más importantes acreedores de la aerolínea.

La deuda de Mexicana de Aviación con Banorte es por 1,576 millones de pesos.

Banorte se adhirió a la solicitud de Bancomext, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para designar al despacho.

Con Banorte como solicitante de la interventoría, ya no sólo son las instituciones del sector público las que exigen transparencia al concurso mercantil. Entre ellos cuatro representan una parte importante de la deuda total.

De acuerdo con Vicente Corta, representante del despacho White & Case, en los próximos días otros acreedores pedirán que sea ese despacho el interventor.

En cuanto se hizo pública esta solicitud para designar a White & Case como interventor, el juez Felipe Consuelo y el administrador conciliador, Gerardo Badín, manifestaron públicamente la bienvenida a la decisión de los acreedores.

Consuelo, sin embargo, abrió un plazo de tres días -no previsto en la ley- para dar vista a todos los acreedores y al conciliador, cuando lo único que tenía que haber hecho el juzgador era acreditar que los acreedores solicitantes del interventor tienen al menos 10% de las acciones de Mexicana de Aviación.

Y casi de manera inmediata, el diputado perredista Mario Di Costanzo, en su calidad de legislador, presentó un incidente jurídico para oponerse a la designación de White & Case como interventor, por supuesto conflicto de interés del despacho jurídico.

Sin embargo, Vicente Corta, representante de White & Case, acusa que ni el Juez debía haber abierto tal plazo ni el legislador tiene vela en el entierro, es decir, en el concurso mercantil.

Di Costanzo lanzó una serie de acusaciones contra Corta y su despacho que, en un debate público, fueron desmentidos por el abogado experto en reestructuras.

Además, Corta interpuso una denuncia contra Di Costanzo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por limitar sus derechos laborales y atentar contra el ejercicio libre de su profesión.

Corta asegura que los acreedores que proponen la designación de su despacho como interventor lo que buscan es transparencia en el proceso de concurso mercantil.

Asegura que la posición de los acreedores es buscar la manera en que puedan recuperar la mayor cantidad de los recursos que se pueda y ese escenario es más posible si Mexicana de Aviación reinicia operaciones.

Así las cosas.

CUENTOS VERAS

El director de Comunicación Social de la Cofetel, Edgar Yemán, envió una farragosa y extensa carta en la que pide su derecho a réplica de una información que nunca lo aludió a él directamente y pretende que se publiquen 30 renglones para aclarar lo que le comenté -a usted, amigo lector- en este espacio, en menos de un párrafo.

En la información del caso indiqué que el Presidente de la Cofetel pretendió archivar el tema de UNO TV sin consultar al pleno.

Obviamente, y cualquier persona medianamente enterada sabe, el tema UNO TV tiene que ver con la inconformidad que interpuso Televisa por las transmisiones que realiza UNO TV vía Internet.

Yemán dice que los comisionados sí conocieron el informe respectivo y estuvieron de acuerdo.

El comunicador de la Presidencia de la Cofetel -en su cortísima estancia en ese encargo ha sido ignorado por los cuatro comisionados, que han tenido que difundir sus comunicados por sus propias vías- pretende que sus comunicados sean la única vía de información cuando, obviamente, lo que busca comunicar es una posición individual.

Le ratifico, de acuerdo con otras fuentes, los cuatro comisionados decidieron que se discutiera el informe sobre UNO TV y advirtieron que se realizó durante cinco meses una pobre investigación jurídica y técnica. Los comisionados evitaron que el caso se fuera a archivo.

La Cofetel debería hacer pública la versión estenográfica de la sesión; todo sería más transparente.

Han sido los comisionados de la Cofetel, quienes han acotado varias de las actuaciones del Presidente Comisionado y hasta han adoptado su propia estrategia de comunicación. Es evidente que son cuatro contra uno.

Twitter: @marco_mares

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