Ayer, El Economista fue el único periódico que destacó a ocho columnas la desaceleración en la creación de empleos en México. Se trata de un hecho relevante que hasta donde percibí, ningún otro medio destacó, aún cuando el dato sobre la creación de empleos correspondiente a marzo fue difundido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado viernes 12. El tema no es menor, sobre todo porque confirma lo que el presidente López Obrador y un gran número de sus seguidores —que siguen sumidos en el letargo que les provoca el sueño de una promesa de gran bienestar, que por carecer de sustento económico, cada vez se torna más complicada de cumplir— se niegan a aceptar que la economía mexicana, lejos de mejorar con la Cuarta Transformación, se enfila a un periodo de bajo crecimiento, menor aún que el crecimiento registrado durante los últimos 12 años, tan satanizados por la 4T.

Pues bien, lo que marzo arrojó es que los empleos formales que se están creando en México están ocurriendo cada vez a un menor ritmo y se trata del peor dato para un mes de marzo de los últimos 10 años. Es evidente que la economía no está respondiendo de la forma que le gustaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o al Banco de México, cuyo gobernador, si bien fue muy cuidadoso en la exposición que realizó en el Senado de la República la semana pasada, dejó claro que la economía mexicana entró en franca desaceleración. No se trata de festejar que a la administración del presidente López Obrador no le estén saliendo las cosas como se propuso o incluso prometió, pero sí de hacerle ver que la realidad es más dura y terca que el empecinamiento de erosionar el capital humano con el que contaba el gobierno federal o en desmantelar estructuras o arreglos institucionales como los órganos reguladores u otros entes autónomos, que se inscriben en el marco de dinámicas de administración pública muy distintas a las que prevalecían en los años 60 y 70 del siglo pasado, que son referencia recurrente en el discurso de la nueva administración.

A ello, hay que agregarle el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Informe Macroeconómico de América Latina y El Caribe 2018, publicado recientemente, pronosticó que la economía mexicana crecerá entre el 2019 y 2020, a una tasa promedio de 2.4 por ciento. Lo anterior implica que para que se pueda cumplir la promesa presidencial de crecer 4% en promedio a lo largo del sexenio, la economía mexicana tendría que crecer entre el 2022 y 2024, a una tasa de 5.62 por ciento. Desafío que se antoja difícil, tras las ocurrencias y traspiés observados en los primeros cuatro meses de la administración.

Bajo este contexto, será muy importante que en la actual administración se tenga claridad de que es muy fácil descomponer lo que funciona relativamente bien, pero es muy difícil corregir el rumbo una vez que se descompuso por las contradicciones de la política económica mañanera.

Cambiando de tema

Ahora que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió extender el plazo del proceso de consulta pública relativo a la revisión de la eficacia de las medidas asimétricas impuestas a los agentes preponderantes en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, será fundamental que el órgano regulador resista la tentación de mirar a los ojos a la Medusa de las telecomunicaciones, que en ocasiones se disfraza de un sindicato agobiado por la separación funcional ordenada por el IFT, y otras, de analistas que vociferan a los cuatro vientos que en México ya hay competencia efectiva.

Ya lo he repetido una y otra vez en este espacio: disfrazan a las empresas de América Móvil como el dócil corderito que ha sido sometido por una maligna autoridad. No es la primera vez que lo hacen. Será importante que los comisionados del IFT no se dejen seducir y sobre todo que, como consecuencia de ello, no terminen convertidos en reguladores de piedra.

*El autor es economista.

Gerardo Flores Ramírez

Experto en telecomunicaciones

Ímpetu Económico