El gobierno de la cuarta transformación ha fijado con hechos y decisiones un rumbo muy claro en materia ambiental y de sustentabilidad, que lamentablemente va en sentido contrario a lo que marcarían los tiempos y desafíos del siglo XXI. La cuarta transformación nos ubica, inquietantemente, en un curso de regresión, negación o soslayo de imperativos nacionales y de choque frontal contra acuerdos internacionales. Hechos y decisiones pueden imaginarse como puntos en una gráfica, que enlazados por una línea dibujan un perfil consistente de actuación y perspectiva.

Todavía como gobierno electo logró que el entonces presidente Enrique Peña Nieto cancelara el proceso de creación de una gran Reserva de la Biósfera en el mar de Cortés. Significó un triunfo (que será pírrico) para la industria pesquera de Sinaloa y Sonora a expensas de vitales ecosistemas marinos y de pescadores ribereños sudcalifornianos. Enseguida, ocurrió el desmonte de más de 300 hectáreas de selva tropical y manglar en Dos Bocas, Tabasco, en el sitio que sería ocupado por una nueva refinería. No hubo Manifestación de Impacto Ambiental ni autorización de Cambio de Uso del Suelo. Hay una demanda ciudadana al respecto, aún por resolverse en el carril judicial. En días pasados, arrancó el gran proyecto del Tren Maya, con un ritual pagano a la madre tierra con el fin de solicitar su anuencia; no sabemos si la otorgó y bajo qué condiciones. Lo preocupante es que hayan iniciado las obras de un proyecto de gran envergadura con muy graves impactos ambientales potenciales sin la Manifestación de Impacto Ambiental, Cambio de Uso del Suelo Forestal, ni consultas indígenas formales como lo marca la ley. Más aún, porque quedará comprometida la integridad de ecosistemas estratégicos en dos Reservas de la Biósfera (Patrimonio de la Humanidad) como lo son Calakmul y Sian Ka’an.

Por otro lado, Semarnat fue objeto del más draconiano recorte presupuestal de su historia en más de 35%, incluyendo una severa mutilación a los ya precarios recursos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, institución clave de regulación territorial y conservación de la biodiversidad tanto en tierra como en el mar. Por su lado, el sector forestal (Conafor) ha sido en la práctica presupuestalmente inhabilitado para operar. Semarnat fue la secretaría más castigada en el presupuesto 2019. ¿Por qué?

Destaca también la suspensión de las subastas de energía limpia que han sido en los últimos años, gracias a la reforma energética, instrumento crucial para la transición energética en nuestro país y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto a la par del anuncio de rehabilitación de plantas de combustóleo (en retiro) y del aplazamiento indefinido de la producción e importación de diesel de ultra bajo azufre (duba) a través de una instrucción de Sener a la CRE. En el mismo sentido se ubica la construcción de la mencionada refinería en Dos Bocas, Tabasco, con dinero público, en un negocio incierto y riesgoso y de costo muy oneroso para el erario, con la finalidad expresa de reducir el precio de las gasolinas, aumentar la demanda, y con ello las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Esto se refuerza con nuevos subsidios fiscales al precio de las gasolinas, según se ha establecido en la ley de ingresos. En otro contexto, el gobierno federal intervendría en el sector energía para acelerar la electrificación del parque vehicular, la transición energética y la inversión privada en energías renovables y limpias, incluyendo la energía nuclear, esencial para una economía pujante de cero carbono, como lo demuestra el caso de China. Todo esto se contrapone con los compromisos asumidos por México en el Acuerdo de París y nos impedirá sumarnos a la nueva ronda de compromisos de reducción de emisiones que deben ser definidos ante la ONU (UNFCCC) en el 2020. México tendría que romper con el Acuerdo de París en una abierta alianza con Donald Trump.

Por su parte, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco expresamente implica dejar de lado las obras y medidas de mitigación y compensación de impactos ambientales ya incurridos en un proyecto que lleva 33% de avance; además del abandono y/o demolición de una obra colosal. Ello, sin contar con la multiplicación de impactos ambientales y urbanos derivados de la construcción de otra terminal aérea en Santa Lucía. El objetivo de autosuficiencia alimentaria y precios de garantía podrían significar una nueva ola de deforestación a partir de la ampliación de la frontera agropecuaria, lo cual nos remitirá a las tragedias ecológicas vividas en los años 70 del siglo pasado. Por último, la plantación de 1 millón de hectáreas de “árboles frutales y maderables”, al parecer, también se emprenderá sin los indispensables estudios de mercado, de factibilidad y de impacto ambiental en términos de la ley.

Todo esto genera escalofrío y no es producto de interpretaciones maliciosamente críticas, sino de la simple lectura del rastro ambiental inconfundible que va dejando la nueva administración.

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.