El presidente de Estados Unidos anunció en días pasados su propuesta de reforma fiscal que de aprobarse según algunos expertos podría representar la reducción de impuestos más grande en la historia de aquel país.

Como se ha difundido, se propone reducir la tasa de impuesto corporativo de 35 a 15 por ciento. Se propone también una tasa reducida aplicada por sólo una ocasión a empresas estadounidenses que repatrien sus ganancias (la tasa aún no ha sido definida). Asimismo, el gobierno de Trump propone cambiar a un sistema impositivo territorial.

La reforma también prevé una disminución de las tasas del Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas físicas, bajando de siete a tres rangos (10, 25 y 35%), aunque a la par propone eliminar casi todas las deducciones, con excepción de los intereses hipotecarios y las donaciones a organizaciones no gubernamentales.

De igual forma, dentro de la reforma se propone realizar ciertas simplificaciones que incluyen el derogar el impuesto federal mínimo alternativo (impuesto complementario al de la renta) y el impuesto de sucesiones.

El objetivo de la propuesta, según indica el Secretario del Departamento del Tesoro, es aumentar el crecimiento de la economía, incentivar la inversión, la generación de empleos y simplificar el código tributario.

Con esto en mente, surge la interrogante de si en México debemos reaccionar en materia fiscal ante esta reforma, a fin de seguir siendo un país atractivo para la inversión extranjera.

En el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hemos sostenido, inclusive con anterioridad, a las posibles reformas fiscales que Estados Unidos planea llevar a cabo, que el sistema tributario mexicano requiere de una reforma fiscal estructural.

Dentro de las reformas que vemos oportunas se encuentran:

1) Ajustar a la baja la tasa corporativa de las empresas. No se trata de emprender una guerra de tasas con el país vecino; sin embargo, sí consideramos que es necesario reducir la tasa del Impuesto sobre la Renta al menos a los niveles que hemos tenido en el pasado, por ejemplo la tasa de 28 por ciento.

2) Reintroducir un régimen de reinversión de utilidades, de manera tal que aquellas empresas que las reinviertan puedan diferir una parte del impuesto hasta en tanto se distribuyan dividendos.

3) Revisar la base del ISR de las empresas. Desde la reforma fiscal del 2014, la base del impuesto fue ampliada artificialmente , impidiendo la deducción de erogaciones indispensables como, por ejemplo, un porcentaje de la nómina.

No se soslaya que las medidas anteriores podrían implicar una disminución en la recaudación del ISR, al menos inicialmente. Sin embargo, creemos que a la postre podrían derivar en mayor inversión y crecimiento, lo que a su vez generaría incremento en la recaudación.

Por otro lado, la posible disminución en la recaudación del ISR podría compensarse con reformas que el IMEF ha planteado años atrás, relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El hecho de contar con tratamientos especiales en materia de IVA impide que este impuesto alcance su potencial recaudador. Diversos estudios han demostrado que el establecimiento de tasas diferenciadas es regresivo, pues favorece más a quienes más consumen, que no son aquellos a los que se pretende proteger con la exención. En todo caso, podrían implementarse subsidios direccionados a aquellos deciles de la población que se vean afectados.

Sabemos que generalizar la tasa del IVA es una medida impopular, sobre todo cuando estamos a punto de entrar en tiempos electorales . Sin embargo, en el IMEF no podemos dejar de plantear este tema, pues estamos convencidos de que hay argumentos técnicos que sustentan sus beneficios.

Los próximos años presentarán retos importantes en el ámbito económico y político. La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos y su propuesta de reforma fiscal son, por sí solos, eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales es imperante realizar ajustes al marco tributario. Independientemente de cómo avance la propuesta fiscal norteamericana, el momento es ideal para introducir en México reformas que incentiven la inversión nacional y extranjera, promuevan el ahorro y, asimismo, doten al sistema tributario de mayor seguridad jurídica.

*Presidenta del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF.

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