El aumento de tomas clandestinas de hidrocarburos es alarmante, por eso erradicar este problema con sus consecuencias económicas, ambientales y de seguridad debe ser una prioridad. Cada decisión gubernamental en la materia debe hacerse con gran inteligencia, no solamente porque Pemex es una de las empresas petroleras más endeudadas del mundo, y porque su calificación crediticia está a punto de perder el grado de inversión, sino porque las afectaciones a la ciudadanía pueden ser mayores a los pasivos.

Mientras que, en el 2011 Pemex tenía registradas 1,361 tomas clandestinas de combustible, en el último reporte del 2018 se estiman casi 12,600; es decir, ¡en siete años la incidencia de este delito ha aumentado más de 750%! Tan sólo en el último año se agregaron más de 800 hectáreas al inventario de sitios con posible afectación ambiental, de las cuales 80% fue causada por el robo de hidrocarburos. Y claramente, la velocidad con que Pemex remedia estos pasivos ambientales es insuficiente. Reconocer la relevancia del problema tampoco justifica la decisión de cerrar varios ductos que distribuyen el hidrocarburo a nivel nacional, ya que los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex son parte relevante del precio de las gasolinas, y particularmente, la logística por vía terrestre es 14 veces más costosa que mediante ductos. Habrá que anotar también que en México tenemos un sistema de ductos de 17,000 kilómetros, mientras que sólo en Texas es de más de 700,000. Lejos de cerrarlos, la estrategia debe ser invertir más en infraestructura de ductos y que ésta sea totalmente sistematizada.

El gobierno informó que el robo de combustibles asciende a 60,000 millones de pesos (mdp) cada año, y, por el otro lado, la Coparmex estimó que el desabasto de gasolina ocasionó pérdidas mayores a 1,250 mdp en un plazo no mayor a cuatro días. ¡Con estos números concluiríamos que el costo económico del desabasto es el doble de lo que se estima el valor del ilícito! Adicionalmente, el Banco de México señaló que esta medida podría convertirse en un factor de riesgo para la inflación por su impacto en los precios de otros productos y servicios afectados, incluyendo el eventual incremento de la gasolina por el componente de transportación.

Recordemos que fue apenas en junio pasado cuando se publicaron diversas reformas al Código Penal Federal y otros ordenamientos para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Asimismo, se contemplaron nuevas obligaciones para todos los contribuyentes que participan en la cadena de valor, como contar con equipos informáticos para llevar los controles volumétricos. Con esto, el gobierno puede consolidar su información, registrando de manera precisa quién recibe gasolina y cuánto se consume, misma que debe ser congruente con su facturación.

Los resultados de estas reformas aún son incipientes, ya que ha habido más de 10,000 denuncias relacionadas con este ilícito, y la detención en flagrancia de más de 1,800 personas. Sin duda, será necesario consolidar estos resultados endureciendo la ley, algo que se podrá hacer a través de una reforma constitucional que contemple el robo de combustible como un delito mayor, misma reforma que recientemente fue turnada a la Cámara Baja por los Senadores.

Nadie niega la importancia y la urgencia de atender este problema, pero las afectaciones a la industria y a la ciudadanía son evidentemente mayores a los pasivos oficiales. La estrategia contra el robo de combustible debe continuar, pero de manera inteligente: reforzando nuestra capacidad logística en ductos, invirtiendo en tecnología y estimulando la competencia. Cualquier otra decisión, es una ocurrencia más e implica un retroceso.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.