El Senado se alista a dictaminar y discutir la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre las modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. En esta última ronda estamos más cerca que nunca de la ansiada reforma. Los principales elementos están ahí: mayores sanciones económicas y penales, visitas de verificación sorpresa y medidas cautelares; también simplificación administrativa y balances institucionales. La mala idea de convertir a la Comisión Federal de Competencia (CFC) en un organismo público descentralizado dejó (afortunadamente) de formar parte del paquete.

Hay temas de dudosa viabilidad, como las sanciones penales y el poder sustancial conjunto , pero en términos generales la reforma parece razonable y satisfactoria si no fuera por una ocurrencia que, para mi sorpresa, no ha generado tanto ruido. Se trata de la reforma al artículo 39, que otorga a los particulares la opción de combatir las resoluciones de la CFC mediante un juicio ordinario administrativo.

Un problema histórico de los reguladores mexicanos, más visible en la CFC y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha sido la parálisis regulatoria, cortesía de la excesiva judicialización de las decisiones administrativas. En México, las resoluciones de los reguladores se litigan como cualquier otro asunto, muchas veces ante jueces desconocedores del tema. Asimismo, las oportunidades para retrasar indefinidamente su aplicación (o para tumbarlas en definitiva), sea por razones legítimas o por triquiñuelas legaloides, son enormes.

Un primer avance se logró en el 2008 cuando la Suprema Corte decidió que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (famoso por su burocracia y lentitud) no era competente para revisar las decisiones de la CFC. A partir de esa fecha, los asuntos se litigan exclusivamente ante el Poder Judicial Federal en dos instancias (amparo indirecto y recurso de revisión). El esquema trajo beneficios en términos de tiempos, formación de criterios y especialización de facto de jueces y tribunales. Pero no por ello el problema ha desaparecido: la interacción y coexistencia con el sistema judicial sigue siendo complicada. Por esa razón, la reforma de competencia parecería incompleta si no se establecen mecanismos apropiados de revisión judicial. De nada sirven mayores facultades y herramientas si las que ahora se tienen no pueden desplegarse a plenitud.

La discusión legislativa ha sido desafortunada desde el origen, apostándole a la especialización, pero sin mayor reflexión en los procesos. Primero se planteó regresar autoridad al Tribunal Fiscal y ahora se propone el juicio ordinario administrativo.

La última propuesta no tiene pies ni cabeza. Amén de que las instancias crecen a tres (juicio ordinario, apelación y amparo directo), el juicio ordinario administrativo es un recurso excepcional que se utiliza para dirimir controversias entre particulares y el Estado, actuando como ente de Derecho privado o como agente contractual; su lógica responde más a la del procedimiento civil, lo que aletargaría de forma importante el procedimiento. El amparo, en cambio, se circunscribe a revisar que la decisión no violente las garantías que la Constitución consagra.

En cualquier caso, de aprobarse la reforma se estaría creando una concha vacía, porque la aplicación del esquema depende (según se establece en los transitorios) de reglas procesales que se legislarían en un plazo de seis meses. Si esas susodichas reglas no se establecieron ahora, mucho menos hay manera de saber lo que sucederá mañana. Estamos en una situación donde sería preferible que el Congreso incumpla el transitorio que diseñó para que la reforma al artículo 39 permanezca dormida. Entiendo que no se quiera poner en peligro todo el paquete por este tema, pero en todo caso apelaría a que, de aprobarse la reforma, se elimine esta mancha mediante otra reforma sucesiva.

Las decisiones de la CFC son de interés público: protegen el proceso de libre competencia y concurrencia, pero sobre todo al consumidor. Claro, deben ser revisadas por los jueces, pero en una forma y grado razonables. Debe prevalecer un sano equilibrio entre dos necesidades: por un lado, la tutela judicial que combata la arbitrariedad y el abuso de poder y, por el otro, la pronta y efectiva aplicación de decisiones de alto impacto en el interés general.

Lograr una buena fórmula de eficiencia procesal no es cosa difícil: mi propuesta es que las decisiones de la CFC derivadas de procedimientos seguidos en forma de juicio sean consideradas como sentencias definitivas para efectos de amparo. Con ello, la instancia de revisión sería una sola: el amparo directo ante tribunales colegiados, que desde luego deberían estar especializados en Derecho Económico. Este sistema, fácil de implementar al requerir una sencilla reforma legal, podría ser igual de válido y útil para otras autoridades.

[email protected]