La teoría económica aplicada a comportamientos como la criminalidad predice un aumento en este tipo de actos cuando el castigo esperado por delinquir es muy bajo o es inexistente por el hecho de problemas con el sistema judicial, ya sea que la autoridad no realiza eficientemente su labor de atrapar criminales, juzgarlos y sentenciarlos conforme a derecho.

Las leyes, por el simple principio de ser producto de una iniciativa del poder legislativo, que elegimos todos, deben ser obedecidas por todos, aunque ya llevamos algunos años padeciendo en el país el problema de la escasa obediencia que merece el marco legal vigente para algunos grupos. Los ejemplos sobran y podemos empezar por mencionar al crimen organizado que, mediante la captura de los cuerpos de policía y de algunos funcionarios y jueces, hizo de las suyas sin que nadie pudiera interponerse.

Luego sumamos al crimen desorganizado, que aprovechando el enorme vacío creado por los criminales profesionales empezó a hacer suyas varias prácticas criminales menores, como el robo a mano armada, el secuestro exprés y el robo a casas habitación. Pero todavía hay que sumar a los criminales de cuello blanco, que son todos aquellos funcionarios, en especial públicos, aunque también hay privados, que se hicieron millonarios con el tráfico de influencias, la corrupción y el mal uso del presupuesto.

En muchos de los casos mencionados, las pruebas y acusaciones directas estaban ahí y con todo y eso no pasó nada; ahora, muchos delincuentes gozan de sus millones en algún paraíso, no necesariamente del extranjero, sus hijos acuden a escuelas reservadas para familias de muy altos ingresos y todos?felices.

Ni qué decir de los delincuentes que hicieron desmanes el pasado 1 de diciembre, en donde es público el hecho de que fueron pagados para ir a hacerlo, hecho que aprovecharon varios delincuentes en potencia para, aun sin paga, destruir todo lo que a su paso encontraban. Luego resultó que todos eran estudiantes, blancas palomitas sobresalientes en sus aulas, víctimas de la brutalidad policiaca y del escaso respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Pero no quedó todo ahí, ahora nuestros legisladores, doctorados en el ejercicio legislativo y en las mejores prácticas parlamentarias del mundo, ya han eliminado ese delito de causar desórdenes públicos, les pagaron sus fianzas y todos felices de vuelta a casa, a esperar la siguiente misión de mercenarios urbanos. Muy mal antecedente.

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