México puede beneficiarse enormemente del abatimiento en los precios del petróleo, con un poco de visión y determinación políticas. Al parecer, los precios se mantendrán en niveles bajos en el futuro previsible por muchas razones: creciente producción de crudo y gas de lutitas (shale) en Estados Unidos; menor demanda en países desarrollados por saturación en mercados de vehículos, eficiencia energética, y bajo entusiasmo de las nuevas generaciones por el automóvil; obligada desaceleración en la expansión de China; estancamiento secular en la economía global (Larry Summers) por razones tecnológicas y de inversión, demográficas y de productividad; avances en la lucha contra el calentamiento global, lo que inevitablemente significará impuestos a los combustibles fósiles, y una marcada transición energética; sustitución gradual a largo plazo de gasolina y diésel por electricidad en vehículos; despliegue masivo de energías renovables, y renacimiento de la energía nuclear.

En México, los bajos precios impactan principalmente en las finanzas públicas y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. En finanzas públicas, la baja en los precios del petróleo nos ha permitido esfumar los onerosísimos subsidios a la gasolina y al diésel, y además, hacer surgir un impuesto positivo sobre ellos (a través del IEPS, que depende de la diferencia entre los precios internacionales y los precios de venta domésticos); es una nueva recaudación que mitiga las pérdidas. Especialmente, la baja de precios ha creado cierta conciencia de responsabilidad y racionalidad fiscal en la opinión pública (nadie ha objetado los recortes), lo que debe aprovecharse para relanzar una verdadera reforma tributaria y liberar de una vez por todas al Estado de los caprichos del mercado petrolero internacional y del debilitamiento (tal vez irreversible) en la producción nacional. La reforma debe cubrir las necesidades del Estado, generar incentivos a la productividad y a la competitividad, promover la formalidad, y codificar incentivos de eficiencia y sustentabilidad. Implicaría por tanto un ISR lo más parecido posible a un flat tax sobre los ingresos de las personas y las empresas; deducción de prestaciones en empresas y/o seguridad social financiada con impuestos generales; IVA universal (exentando a una canasta básica); abolir el IEPS y aplicar un sólido impuesto al carbono sobre gasolinas y diésel (carbon tax); y la inducción a gobiernos estatales y municipales a responsabilizarse de sus haciendas (casi no recaudan, sólo gastan las transferencias, participaciones y aportaciones federales), lo que tendrá el beneficio adicional de crear ciudadanía y combatir al populismo y al derroche.

Por el lado del gasto, la nueva conciencia fiscal que parece haber emergido en la opinión pública permitiría el ejercicio deliberativo de presupuesto base cero; esto es, definir una nueva estructura de gasto orientada a verdaderos bienes públicos. Claro, respetando compromisos de seguridad social, pero desenmascarando y eliminando subsidios, prebendas, subvenciones y rentas a grupos de interés (especialmente en el sector agropecuario), así como programas y proyectos de gobierno ineficientes y/o de rentabilidad social o ambiental muy baja o negativa. Desde luego, es imprescindible acompañar la reestructuración del gasto público con sistemas impecables de transparencia y combate a la corrupción.

Por fortuna, el petróleo representa poco, tanto en los ingresos de la cuenta corriente como en exportaciones totales (+/-10%), por lo cual la baja en precios y producción no es particularmente gravosa en este ámbito. No obstante, debe acicatearnos a una visionaria política industrial que fortalezca a nuestra base de manufacturas y su exportación, sacando provecho de la ineluctable y ya visible pérdida de competitividad de China por un lado, y por el otro lado, del TLCAN. Convendría también explorar un TLC con China como medio estratégico de diversificación de mercados. Hagamos que este mal venga por bien.