Hasta ahora, el gobierno federal le ha negado al grupo MVS la prórroga de 20 concesiones vencidas en la banda 2.5 gigahertz (GHz).

Y conforme sigan venciendo el resto de las concesiones que tiene ese grupo, el gobierno federal mantendrá la decisión de no renovarlas.

El jueves por la noche trascendió la información de manera extraoficial sobre la negativa gubernamental de no renovar las concesiones a MVS y, horas más tarde, el líder de la empresa, Joaquín Vargas, y el responsable de la comunicación, Felipe Chao, salieron a afirmar que se trataba de rumores.

La reacción inmediata en el sector oficial fue ratificar la información por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El fundamento del gobierno es muy claro: negó la prórroga de las concesiones vencidas a MVS porque la empresa no aceptó la contraprestación económica que pretendía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la porción de espectro radioeléctrico de la banda 2.5 GHz.

El valor de la banda 2.5 GHz

Para el gobierno, tal espectro radioeléctrico tiene un valor mínimo de referencia de 1,200 millones de dólares.

Desde distintas fuentes se han mencionado una gran cantidad de cifras multimillonarias sobre el valor de ese espectro radioeléctrico.

MVS nunca quiso pagar más que cifras meramente simbólicas y la aplicación de diversos esquemas en los que pretendía prorratear en parte el negocio con otras empresas, en aras de una presunta mayor competencia.

La SCT en su comunicado confirmatorio de la información especificó que no obstante los esfuerzos realizados, al no haber logrado establecer un esquema viable en términos de la normatividad aplicable decidió negar las prórrogas de las concesiones vencidas.

En diciembre pasado, la SCT notificó a la empresa la negativa de prórroga de tres de los 20 títulos de concesión, cuya vigencia había llegado a su fin. En agosto también del año pasado la SCT había negado la prórroga de otras ocho concesiones, que todavía están en litigio.

Y en diciembre del 2010 la SCT le negó la prórroga de nueve títulos de concesión vencidos.

En total van 20 y el criterio general de la SCT es que gobierno y empresa no lograron ponerse de acuerdo para fijar la contraprestación económica para renovar las concesiones.

La SCT actúa en congruencia con lo que marca la ley: el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y corresponde al Estado ejercer su rectoría para fomentar una sana competencia en beneficio de los usuarios.

La banda 2.5 GHz es uno de los tramos del espectro radioeléctrico de mayor valor estratégico porque permite a los concesionarios ofrecer servicios de Internet móvil en banda ancha a alta velocidad.

El gobierno federal mostró disposición y diálogo con la empresa MVS para alcanzar un acuerdo. La empresa siempre se sostuvo en un precio mínimo como pago en calidad de contraprestación.

Y finalmente, el gobierno ejerció su facultad de no renovar concesiones.

MVS todavía conserva la mayoría de las más importantes y en algunas de las que ha sido rechazada la renovación mantiene recursos jurídicos para oponerse a la decisión gubernamental.

Es un tema que no terminará de resolverse en este sexenio y que mucho menos habrá tiempo para que se licite el espectro de la banda 2.5 GHz.

Cercenan en México libertad de expresión: CIRT

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que preside Tristán Canales, decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que en México se está cercenando la libertad de expresión, en perjuicio de la vida democrática.

La CIRT resume en tres puntos sus preocupaciones: los procedimientos y resoluciones de autoridades electorales que han sancionado a estaciones de radiodifusión por realizar debates gratuitos. Las sanciones contra aquellos concesionarios de televisión restringida por transmitir gratuita y equitativamente cierres de campaña.

Y los procedimientos que versan sobre la orden de investigar a decenas de periodistas por llevar a cabo entrevistas de candidatos a cargo de elección popular, al imputárseles probable responsabilidad por la venta indebida de espacio en radio y televisión.

CUENTOS VERAS

Con mucha fuerza comenzó a circular la versión de que el presidente Felipe Calderón ratificará en el cargo al prestigiado abogado Gonzalo Martínez Pous, quien se ha anotado importantes e impactantes triunfos legales en favor primero de la SCT, cuando estuvo al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa dependencia y posteriormente, en su calidad de comisionado en la Cofetel. Martínez Pous es uno de los expertos más reconocidos en materia de Derecho en telecomunicaciones. Lo que se ve no se juzga: Martínez Pous mantiene la delantera y es casi seguro que lo ratifiquen en su puesto de comisionado de la Cofetel. La ratificación de Martínez Pous enviaría fuertes señales pro libre competencia, desde la Presidencia de la República. Gonzalo Martínez Pous se ha ganado a pulso el prestigio de abogado objetivo y honesto. Su perfil es el de un hombre de decisiones que siempre busca el interés de la nación. Por eso, su ratificación en la CFC marcaría en sí misma el derrotero pro competencia en el órgano colegiado. Al tiempo.

Twitter: @marco_mares