Se ha dicho que la desavenencia entre MVS y el gobierno federal por la banda 2.5 gigahertz (GHz) -la más valiosa en el mercado de las telecomunicaciones- tiene su origen en que no se pusieron de acuerdo para fijar el precio por la concesión.

El gobierno reveló que la diferencia entre lo que pretendía cobrar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Dionisio Pérez Jácome y lo que pretendía pagar MVS, de Joaquín Vargas, es inmensa.

La SCT pretendía 27,000 millones de pesos y MVS ofrecía 104 millones de pesos.

En términos nominales, la diferencia es enorme.

Pero también lo es bajo otros parámetros.

Para hablar sólo del pasado reciente; de la administración calderonista en curso, hay que referir las licitaciones de las bandas 1.7 GHz, 1.9 GHz y 2.1 GHz.

Todas ellas fueron licitadas en el 2010.

Todas tienen, más o menos, las mismas características de propagación y transmisión de datos y son equiparables a la banda de frecuencias 2.5 Ghz.

Para decirlo en otras palabras: las cuatro bandas fueron identificadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para servicios de telecomunicaciones móviles internacionales.

Es decir, sirven para ofrecer servicios de última generación o tercera generación (3G) y/o cuarta generación (4G).

Bueno, pues, para estas bandas licitadas y asignadas, la Ley Federal de Derechos (LFD) en su artículo 244 indica los criterios para determinar el pago de derechos anuales por la explotación de cada una de ellas.

El monto varía entre 2.6-2.7 millones de dólares por megahertz (MHz) concesionado. Bueno, pues, los ganadores de espectro de la Licitación 21, que incluyó las bandas 1.7 y 2.1 GHz ( y que, usted, amigo lector, recuerda muy bien que fue sumamente controvertida), tienen que pagar al Estado por el derecho de explotar 60 MHz de espectro, alrededor de 160 millones de dólares cada año.

Es decir, por operador: Nextel, encabezada por Peter Foyo y Gustavo Cantú (quienes se sobrepusieron al más del centenar de recursos jurídicos interpuestos en su contra), tiene que pagar 80 millones de dólares por 30 MHz.

Telcel, de Carlos Slim, tiene que pagar 54 millones de dólares por 20 MHz.

Y Telefónica, encabezada por Francisco Gil Díaz y Juan Abellán, tiene que pagar 26 millones de dólares por 10 MHz.

Con base en los mismos cálculos, por 140 MHz en la banda 2.5 GHz tendrían que pagarse 375 millones de dólares, aproximadamente, cada año.

En total, por 20 años de concesión, serían 7,500 millones de dólares.

Tales son estimaciones basadas en la LFD.

Sin embargo, MVS hizo sus propios cálculos y pretendía pagar 500 millones de dólares por los 20 años de concesión, por el derecho de explotar 140 MHz.

Es decir, pretendía pagar 25 millones de dólares anuales por el derecho de explotar la banda más valiosa en el mercado para los servicios de banda ancha móvil 3G y 4G.

O sea que intentó pagar 15 veces menos de lo que pagan el resto de los concesionarios que explotan frecuencias para Internet móvil de gran velocidad.

Por otra parte, hay que considerar una referencia internacional.

El caso de Clearwire -considerado entre los socios que llegó a mencionar en su propuesta MVS para constituir un consorcio de operadores y retener la 2.5 GHz- es muy interesante.

Esta empresa, en su reporte anual del 2010 a la Securities and Exchange Comission, valoró la banda 2.5 GHz en 29 centavos de dólar.

Ese valor es muy cercano al que estableció el gobierno mexicano por MHz por habitante (MHz/pop) para la Licitación 21, que fue de 25 centavos de dólar por los 20 años que tiene de vigencia la concesión.

Sin embargo y a pesar de que su potencial socio tenía un cálculo mucho mayor, MVS ofreció pagar 04 centavos de dólar por MHz/pop, equivalentes a 104 millones de pesos.

Tales 104 millones de pesos contrastan con los 27,000 millones de pesos que tasó el gobierno mexicano.

Los 104 millones de pesos representan 0.38% del valor que propuso la Secretaría de Hacienda.

En otras palabras, MVS pretendía pagar 700 veces más barato que lo que pagó su socio Clearwire en Estados Unidos.

La empresa de los Vargas pretendía pagar 262 veces menos lo que fijó la Secretaría de Hacienda.

Son las cifras.

Lo demás es, sin lugar a dudas, una cortina de humo mediática.

CUENTOS VERAS

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, que encabeza Jordy Herrera, ha iniciado pláticas con la nueva Legislatura para convencerla de que Pemex necesita recursos de entre 12,000 millones y 14,000 millones de dólares anuales para explotar los yacimientos de gas shale. La idea es que el gobierno los provea o que sea modificada la Constitución para que la Iniciativa Privada los aporte y, en cuatro años, México tenga su primer pozo de gas shale. México dejaría de importar gas, sería autosuficiente y le daría competitividad a las empresas porque el país está en la región más barata del mundo en gas natural. El precio es entre siete y nueve veces más barato respecto de China y Japón. Suena, muy bien, la verdad.

Twitter: @marco_mares

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