He querido resistirme a hablar del decreto que emitió la Sener y que el Cenace, respaldó con medidas que deberían seguirse en conveniencia con CFE y en contra de los productores independientes, pero en particular aquellos que producen con energías limpias (eólicas o fotovoltaicas). No puedo resistirme, sin embargo, porque el problemas es en todo este asunto de enfoque. La sinrazón es tan descomunal, que hace falta poner las cosas en su justo lugar.

Un poco de historia no vendría mal. Lo primero es que la industria eléctrica en México se desarrolló sin reguladores o políticas federadas. Cada una, de las productoras, antes de la nacionalización de la industria, por el decreto de Adolfo López Mateos, lo hacia con sus propias reglas. La empresa que estaba en Necaxa (origen del tesonero equipo de futbol y origen de la liga de futbol mexicana) producía, esencialmente, para surtir de electricidad al inicio de los años 20 del siglo XX a la ciudad de México.

Otras empresas en el país surtían a 220 voltios y con 50 o 60 ciclos y amperajes distintos. En resumen, la industria eléctrica era lo que los productores locales decidían. Sin guía ni estrategia nacional. Cobraban costos definidos por ellos mismos y establecían contratos productor-consumidor de manera directa sin mediar ninguna regulación.

En los años 60, el gobierno más allá de consideraciones nacionalistas quiso imponer orden y estandarizar la producción y distribución de electricidad, porque hasta ese momento, el desorden era tal que no podía crecer; ni la industria, ni podían estandarizarse los procesos de consumo, pues había que tomar decisiones frente a la región y espacio en el que se colocaban industrias o negocios.

Después de ese acto de nacionalización, transcurrieron muchos años, en el que por razones políticas se mantuvo la empresa Luz y Fuerza del Centro (entre otras por el peso político de su sindicato) y lo que la nación conocería como Comisión Federal de Electricidad. En su nombre está el pecado que no quiere reconocer el presidente López Obrador.

La Comisión trataría a lo largo del tiempo acordar voltios de emisión, amperajes y una política de producción razonable. Se invirtió, desde los años 60 en energías nuevas. Abandonar el costoso carbón. Abandonar el costoso y contaminante combustóleo y tratar de modernizar la industria en beneficio del consumidor. Repito en beneficio del consumidor que paga las tarifas que cuesta producir la electricidad. No en beneficio de un proyecto estatal o político que pudiera usar a la electricidad para sus propios fines.

En la cabeza del presidente, el objetivo no es en beneficio del consumidor, es en beneficio de su proyecto de nación. Es decir, de tener el control de la industria eléctrica, antes de que el consumidor se vea beneficiado.

Puede ser que él crea que controlando políticamente a la industria puede fijar precios o puede que eso le sirva para negociar con empresas y su demanda. En cualquier caso, es un despropósito enorme. Me explico.

Los fierros que recibió CFE son históricamente inviables. Por eso se dedicó a invertir en energías alternativas (presas, gas y geotérmicas). Sin embargo, se le vino la modernidad encima y tomo la alternativa de quedarse con el monopolio de la transmisión. Lo cual le daba recursos y le permitía modernizarse. Al presidente el asunto le disgusta al punto de decir que deberían pedir perdón por los contratos. La realidad es que se equivoca fatalmente. Que las productoras privadas entren a surtir antes que CFE es un beneficio precisamente para las personas que el presidente quiere beneficiar. Un megawatt de energía eólica o fotovoltaico se produce a 7 dólares. Un megawaht con ciclo combinado de CFE, cuesta casi 20 dólares. Olvídense de los que producen las otras plantas.

En el fondo, este arreglo es muy malo para los consumidores y para el Estado. Que los pobres paguen luz cara, para salvar el proyecto ideológico de AMLO es un hecho lamentable. Mantener el monopolio en sus términos es muy lamentable. No reconocer que CFE carece, por lo pronto de los recursos para sobrevivir como empresa es de una ceguera enorme.

El decreto de la semana pasada podría poner un piso parejo, pero los acuerdos internacionales y los compromisos legales, si no son irrevocables, serán seriamente juzgados por paneles internacionales. El costo podría ser infinitamente mayor. Ya se verá, pero por lo pronto es una pésima solución para el proyecto de AMLO y para nosotros los consumidores.

Olviden ustedes las consecuencias en materia de inversión. En materia de descredito internacional, o en materia de certeza jurídica. Todos ellos son minucias frente al preclaro voluntarismo del presidente y su destrucción de la economía nacional. Su verdadero propósito. Acabar con el capitalismo en México, quien sabe si podrá, ya se ha intentado antes con muy malas consecuencias.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.