Muchos periodistas extranjeros analizaron lo sucedido en Ecuador como si estas fuesen unas elecciones normales donde se han garantizado las condiciones mínimas para hablar de un proceso justo. La realidad institucional en que nos movemos desde hace casi una década es una en la que las instituciones del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral, se encuentran sometidas a la voluntad de un solo partido político.

En el caso puntual de la elección presidencial del 2 de abril, muchos líderes y organismos extranjeros expresaron que esperan que se siga el debido proceso y que quien denuncia un fraude agote todas las instancias locales para demostrar que lo hubo. Eso está bien, pero no es suficiente ni quizás rinda más frutos que dejar constancia para la memoria histórica y para los procesos en litigios internacionales. Mientras tanto, estamos ante un proceso electoral caracterizado por un favoritismo hacia el oficialismo y una opacidad en la presentación de los resultados que provoca justificadas sospechas.

Con las autoridades electorales, sucede lo mismo que con las otras de control. Se ha vuelto evidente que la fiscalía envía a un limbo aquellos casos que involucran a funcionarios del gobierno, mientras que actúa con la velocidad de un rayo cuando las denuncias involucran a quienes incomodan al gobierno. Se ha vuelto normal que la Corte Constitucional sancione según la conveniencia del gobierno.

También se ha vuelto normal que el gobierno monte una cacería de brujas para imponer la narrativa oficial. Así fue que durante la semana pasada la policía nacional allanó las oficinas de la encuestadora Cedatos-Gallup Poll International, las de una agencia de publicidad vinculada a la campaña del partido de Oposición (CREO).

Asimismo, el presidente Correa y su gobierno han montado un ataque en la veintena de medios que manejan en contra de aquellos medios de comunicación y organizaciones que ponen en duda el resultado oficial de las elecciones del 2 de abril.

En su sabatina , monólogo de por lo menos dos horas que realiza el presidente todas las semanas, habló de una supuesta confabulación entre Cedatos, la ONG Participación Ciudadana, el canal Ecuavisa y CREO.

Días después, la Superintendencia de Telecomunicaciones procesaba una demanda planteada por funcionarios del gobierno contra siete medios de comunicación por negarse a transmitir y/o reportar un documental de la periodista kirchnerista en el que se ataca al candidato opositor, Guillermo Lasso. Este delito es otra novelería de los socialistas del siglo xxi, censura previa por omisión : el medio tiene obligación de transmitir información de relevancia pública , ¿quién determina la relevancia? Ya se imagina cómo va la cosa...

A la Revolución Ciudadana acabó con lo que quedaba del Estado de Derecho en Ecuador e implantó un modelo de gobierno autoritario, con prácticamente todos los poderes concentrados en el ejecutivo. Es en ese contexto de captura de las instituciones del Estado ecuatoriano que se desarrolló el proceso electoral.

*Investigadora en el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute; editora de El Cato.org; y columnista del periódico ecuatoriano El Universo.