Los primeros seis meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nos permiten comenzar a dilucidar de manera general su estrategia económica al igual que abren la puerta para encontrar algunos elementos positivos de lo que podría ser su legado económico hacia el futuro. Durante este tiempo, es evidente que nuestro jefe de Estado ha estado aprendiendo que los límites de la poderosa Presidencia de la República Mexicana se encuentran en las finanzas públicas. Como pocos países, México tiene en la figura presidencial una institución que prácticamente lo puede todo. Sin embargo, esta aparente capacidad para resolver los problemas nacionales se topa con el límite de la chequera del Estado. En el caso mexicano, el límite de las finanzas públicas es estrecho, producto de la crónica debilidad fiscal, ya que la mayoría de las personas que trabajan no pagan impuestos por nuestra añeja tolerancia a la informalidad, la falsa creencia de que el gobierno lo debe hacer todo y a nuestra poca vocación a utilizar la política tributaria como promotora de la inversión privada, orientándola básicamente a la extracción de sus rentas y no a su generación.

En cada inicio de administración ocurre un duro enfrentamiento con la realidad presupuestal que es cada vez en más fuerte no sólo por lo descrito anteriormente, sino por lo creciente de los compromisos de las pensiones, las enormes canonjías acumuladas por los sindicatos oficiales y los intereses del pago de la deuda, tanto interna como externa. Esta realidad hace necesario encontrar formas cada vez más lúcidas de colaboración entre los capitales privados con los limitados recursos públicos. Igualmente, orilla a nuestra economía a buscar generar una mayor riqueza sustentado en valores agregados y, para el caso del Estado, a no postergar más la indispensable ampliación de la base tributaria pues hoy día sólo cuatro de cada 10 personas que tienen alguna fuente de ingresos contribuyen al gasto público.

Durante sus primeros seis meses, el gobierno federal ha demostrado su inequívoca intención de establecer una administración austera que deje de lado el dispendio y la opulencia que caracterizaron al sexenio pasado. A la frivolidad y derroche que desde el jefe del Ejecutivo se permeaba al resto del gobierno, se sumó el incremento de la deuda como proporción del PIB que llegó a tales niveles que alertaron peligrosamente sobre nuestra calificación soberana, corrigiéndose al final de la administración. A lo anterior se puede advertir la decidida pretensión por disminuir la desmedida corrupción que ahoga cualquier posibilidad de establecer un clima de negocios favorable hacia adelante. La austeridad y el freno a la corrupción son las áreas que hasta el momento han sido lo distintivo de este gobierno de cambio. En el futuro, podremos apreciar una mejor manera el valor que en el largo plazo estas dos áreas pueden aportar al cambio de paradigma de algunos preceptos económicos que se habían venido manejando en los últimos años. Lo cuestionable puede surgir, en todo caso, con el riesgo de que la austeridad en el gasto corriente se traslade como política al gasto en inversión y, para el caso de la corrupción, que en su momento los casos que nos llevaron a ser emblema mundial de este flagelo no sean llevados a la justicia mediante causes institucionales; mientras tanto, hoy por hoy ambas áreas son en mi opinión un punto de partida digno de tomarse en cuenta.

Hasta este momento existen tres signos que son distintivos de la agenda económica de este gobierno: la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y el freno a la corrupción. En caso de seguirse consolidándose, estos elementos pueden ser parte del desarrollo de largo plazo que el país requiere para balancear los desequilibrios económicos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Éstos requieren de mucho trabajo para consolidarse en dónde sin duda alguna la voluntad del presidente es determinante para lograrlos. Esta voluntad ha sido demostrada hasta ahora por su determinación por ajustarse a los recursos que se tienen disponibles y no endeudar más al país; lo anterior asegura finanzas públicas sanas pese al falso prejuicio que se tiene al pensar que los gobiernos de izquierda por naturaleza tienden a endeudar a las naciones. En el mismo orden de ideas, se puede considerar la disposición que, desde el periodo de transición, el gobierno electo demostró para la renegociación del TLCAN, hoy T-MEC, la cual ha quedado patentada con la aprobación de la reforma laboral como muestra de que su compromiso para con sus socios comerciales lo ha cumplido para seguir siendo parte de la zona de comercio libre más grande del mundo. Finalmente, la intención por frenar la corrupción está clara aun cuando para ello se estén enfrentado dificultades en la operatividad y gasto público que naturalmente se han venido advirtiendo. A este gobierno le falta mucho todavía por demostrar y recorrer, empero, en materia económica ya existen señales que, en caso de consolidarse, pueden darle mucho al país en el largo plazo.

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Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas