Una combinación de impactos inflacionarios específicos y vulnerabilidades podrían amenazar seriamente el desarrollo económico, la estabilidad y la prosperidad. Aunque parte de la respuesta política a estos riesgos está en manos de los propios países más pobres, la comunidad internacional puede y debe ayudar.

ABIDJAN/PARÍS – En tanto la economía global comienza a resurgir tras la crisis del Covid-19, manejar los riesgos de inflación será un reto mucho mayor en los países en desarrollo que en las economías avanzadas. Eso refleja la naturaleza de los impactos que propician la inflación y el hecho de que los países con más bajos ingresos no están bien equipados para responder a ellos de manera decisiva. Una combinación de impactos y vulnerabilidades específicas podría así amenazar seriamente la estabilidad y prosperidad económica de estos países.

Para comenzar, los países en desarrollo tienen una exposición mucho mayor a los impactos ambientales, que se volverán más frecuentes y severos como resultado del cambio climático. Los eventos climáticos extremos en efecto actúan como shocks de oferta negativos, que hacen que la producción caiga y los precios suban –las condiciones más difíciles para los responsables de las políticas monetarias-. Varios países, entre ellos Nigeria y Sri Lanka, actualmente enfrentan precios de alimentos por las nubes, mientras que la sequía y la consiguiente hambruna de Madagascar es otro triste recordatorio de la vulnerabilidad de los países en desarrollo africanos.

Las economías en desarrollo también están más expuestas a los impactos financieros. Tarde o temprano, la política monetaria en las economías avanzadas se normalizará y, si la experiencia pasada sirve de guía, muchos mercados emergentes y países pobres experimentarán salidas de capital masivas. El espectro de una fuga de capitales puede ser particularmente importante para las economías más pobres, en especial si está acompañada por una reducción de la ayuda para el desarrollo.

Estas interrupciones repentinas conllevan sus propios dilemas en materia de políticas, sobre todo una presión a la baja sobre los tipos de cambio. Los responsables de las políticas pueden dejar que sus monedas se deprecien, lo cual alimentaría la inflación, o aumentar las tasas de interés, lo que afectaría adversamente el crecimiento y la sustentabilidad de la deuda.

Ambos tipos de impactos inflacionarios serán una prueba severa para los responsables de las políticas monetarias en los países más pobres. Muchos carecen de la experiencia y los antecedentes necesarios para garantizar su credibilidad y estabilizar las expectativas de inflación. Así podrían desarrollarse varios ciclos de retroalimentación negativos. Para los países con altos niveles de deuda denominada en moneda extranjera, la depreciación del tipo de cambio podría conducir a un desfase de divisas fatal, y con ello desatar una crisis de deuda y una disparada de la inflación. Y el desanclaje de las expectativas de inflación podría tener mayores ramificaciones para los sistemas financieros ya frágiles de las economías en desarrollo.

Asimismo, la inflación tiende a persistir mucho después de las devaluaciones del tipo de cambio. Las políticas de reorientación del gasto destinadas a reemplazar importaciones cada vez más costosas por bienes más baratos producidos domésticamente muchas veces resultaron sólo en un crecimiento mediocre y en una inflación obstinadamente alta. Esto ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares, alimentando la pobreza y la inestabilidad social.

Parte de la respuesta política a estos riesgos de inflación está en manos de los propios países en desarrollo. Un marco de políticas fiscales creíble sería un gran avance hacia la estabilización de las expectativas y la eliminación del riesgo de una dominancia fiscal. Si bien la consolidación fiscal en medio de una pandemia claramente no es apropiada, un control más estricto de la corrupción y una reducción de las fugas serviría para garantizar que el gasto público llegue a los beneficiarios previstos y maximizar su impacto.

La corrupción le cuesta a las economías en desarrollo alrededor de 1.3 billones de dólares por año, o tres cuartas partes del PIB del África subsahariana. La crisis del Covid-19 debería instigar a los gobiernos de los países en desarrollo a combatir el mal uso de los fondos públicos. Esto creará espacio fiscal para suavizar el impacto de la inflación en los hogares más pobres preparando al mismo tiempo el escenario para una recuperación y un crecimiento económico sostenido.

Pero la comunidad internacional también puede ayudar a los países de menores ingresos a navegar las dificultades inflacionarias. En esos casos, la estabilidad macroeconómica en los países más pobres depende marcadamente del financiamiento externo. La comunidad internacional, por lo tanto, necesita urgentemente apuntalar las reservas internacionales de las economías en desarrollo para respaldar sus monedas y dominar los riesgos de inflación. Si bien las presiones inflacionarias por lo general se mantienen bajo control por ahora, el riesgo de inflación en estas economías puede materializarse de maneras no lineales. Por ejemplo, el continuo agotamiento de las reservas internacionales podría causar que la moneda de un país se deprecie repentinamente. Esto puede precipitar una espiral inflacionaria, especialmente si las autoridades carecen de la credibilidad para anclar las expectativas.

Una inflación que se acelera, junto con un empeoramiento de las perspectivas de crecimiento y empleo, expondrán a las economías en desarrollo al tipo de inestabilidad sociopolítica que se vio recientemente en Túnez, Sudáfrica, Nigeria y Senegal. Los efectos derrame de este tipo de agitación son exactamente lo que la economía mundial no necesita en tanto se recupera de la pandemia.

Afortunadamente, la reciente asignación de 650,000 millones de dólares de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional representa una oportunidad ideal para asistir a las economías en desarrollo. Si bien los DEG son vistos cada vez más (y con razón) como una herramienta de desarrollo, son esencialmente un activo de reserva que puede tener importantes beneficios antiinflacionarios. Garantizar que más de los nuevos DEG pasen de las economías avanzadas a los países en desarrollo impulsará las reservas internacionales de los países más pobres y ayudará así a proteger a miles de millones de personas del riesgo de inflación. Eso, a su vez, brindará espacio para que las autoridades nacionales y el sector privado actúen de manera decisiva para reavivar el crecimiento y reducir la pobreza.

Gran parte del mundo en desarrollo todavía está sumergido en la pandemia. Pero aún antes de que se derrote al coronavirus, los responsables de las políticas monetarias pueden tener que enfrentar amenazas inflacionarias potencialmente serias. Deberían empezar a prepararse ahora.

El autor

Rabah Arezki, ex economista jefe de la región de Oriente Medio y África del Norte del Banco Mundial, es economista jefe y vicepresidente de gobernanza económica y gestión del conocimiento del Banco Africano de Desarrollo.

Jean-Pierre Landau es profesor asociado de economía en Ciencias Políticas.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.projectsyndicate.org