Las señales del hartazgo ciudadano con la élite partidista se multiplican. Y en vísperas de que divulguen los convenios suscritos por las fuerzas políticas -el PRI irá con el Partido Verde y Nueva Alianza en una coalición flexible , por un centenar de distritos federales y las nueve gubernaturas que se definirán el 7 de junio del 2015, mientras que el PRD y el PAN irán sin aliarse- circula información que retrata una competencia electoral ficticia.

Las tasas de rechazo a las encuestas están por las nubes. Además de una espiral de silencio, las mediciones más recientes contienen una no respuesta que hace falible a la mayoría de los pronósticos preelectorales. Y por si fuera poco, extensas zonas del país están vedadas a encuestadores, autoridades del INE y candidatos por la amenaza del crimen organizado.

Hoy por hoy sin embargo, los movimientos sociales representan un riesgo mayor para la organización electoral. A los inconformes que amagan con boicotear el estreno del INE, el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello, envió un mensaje peregrino. Nadie le pidió investigar o sancionar a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala. Lo que los familiares de los normalistas exigen a las autoridades electorales es que actúen a favor de los ciudadanos de a pie, no de las élites partidistas. A golpes de realidad, los consejeros electorales han tenido que encarar a la inseguridad. El pasado 26 de noviembre, el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, había solicitado a la Secretaría Ejecutiva del INE un informe respecto de la situación de seguridad pública que guarda el país y su impacto en el proceso electoral, así como las acciones y escenarios de coordinación con otros órganos del Estado mexicano. Su moción fue rechazada justamente bajo el argumento de que esos asuntos no son materia de las autoridades electorales. ¿De veras?

El mayor riesgo para el INE, en su estreno, es que se disparen los niveles de abstencionismo. Y en ese mismo terreno, que los funcionarios electorales sean impedidos de contar los votos. Las amenazas de boicot -externadas por maestros disidentes- abarcan a Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pero se extienden a otra decena de entidades.

Los partidos políticos y las autoridades electorales han preferido blindar las elecciones de la infiltración de las bandas criminales, con medidas extraordinarias para revisar las curriculas de los candidatos y las finanzas de los institutos políticos. Hasta ahora, es innegable, los candidatos han podido recorrer prácticamente todo el país durante las campañas, pero el ejercicio de instalar una casilla y recabar los votos, no puede suponer poner en riesgo a los funcionarios electorales y por supuesto, a los electores.

Tras del caso Iguala -que afecta por igual a la cúpulas partidistas y a la élite gobernante-, los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD han sentado las bases de un acuerdo político que permitiría el blindaje del proceso electoral del 2015. Los candidatos serán sometidos a estrictos controles de confianza -la reforma recién aprobada impuso nuevamente el requisito de la constancia de no antecedentes penales- pero también, a la supervisión de sus reportes patrimoniales y financieros.

¿Qué importa más: que los políticos aprueben un examen antidoping o que las instituciones gubernamentales garanticen las condiciones de seguridad suficientes para realizar la promoción del voto? ¿A quiénes están obligadas a resguardar: a candidatos, a funcionarios electorales, a encuestadores y observadores electorales, o a los votantes?

EFECTOS SECUNDARIOS

ESCOLLOS. Roberto Gil Zuarth se ha visto forzado a convocar a integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República para dictaminar la Ley de Amnistía, una de las propuestas legislativas más polémicas de los tiempos recientes y que, de proceder en los términos que proponen sus promotores, podrían terminar por beneficiar a criminales y sediciosos al grito de: ¡Todos somos autodefensas!

ÉXODO. Desde finales de la semana pasada, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación está vacante. Marcela González-Salas Petriccoli deja esa posición para cumplir su anhelo de regresar a San Lázaro. Al menos otros tres mandos superiores de esa dependencia han notificado a Miguel Ángel Osorio Chong su intención de buscar candidaturas; entre ellos, Xiuh Guillermo Tenorio, titular de la Dirección General de Participación Ciudadana en la subsecretaría de Prevención. Y otros, como el comisionado en Michoacán, Alfredo Castillo, también alistan maletas... ¿para reforzar el área de procuración de justicia del equipo peñista?

ARRIBO. Este mediodía, la plana mayor de General Motors, que encabeza Ernesto M. Hernández, será recibida en Los Pinos por el presidente Enrique Peña Nieto, donde presentarán un programa de expansión en México para el periodo 2013 – 2018. Allí estarán los secretarios Luis Videgaray, de Hacienda, e Ildefonso Guajardo, de Economía; así como de los gobernadores de Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí y Coahuila, donde ocurrirá la millonaria inversión.