El esfuerzo del presidente chino Xi Jinping por controlar el sector privado de China es agradable en sus intenciones declaradas, pero cuestionable en su implementación.

CHICAGO – ¿Existe una finalidad mayor para las últimas medidas del gobierno chino contra las más grandes corporaciones del país y se ajusta esta limpieza del sector financiero a su estrategia económica?

A lo largo de los últimos 15 años China ha buscado reequilibrar su crecimiento desde las exportaciones y la inversión en activos fijos a un mayor consumo interno, lo que hoy cobra más urgencia debido a los conflictos con Estados Unidos y otros países.

En tanto aumente su mercado interno, China será capaz de reducir las vulnerabilidades estratégicas que conlleva su dependencia de las exportaciones, y las firmas extranjeras se volverán más dependientes del mercado chino, dando al país nuevas fuentes de influencia estratégica. Sin embargo, existen serios impedimentos para esta estrategia.

Para que aumente el consumo interno chino, tanto los salarios como los ingresos de los hogares deben crecer. Y para que eso ocurra, China debe alejarse de un modelo de crecimiento que hasta ahora ha dependido de una importante represión para mantener bajos los salarios de los trabajadores y los retornos que reciben los ahorristas. Eso significa ir avanzando hacia sectores que empleen mayores habilidades y paguen más a sus trabajadores, con inversiones intermediadas por un sector financiero sofisticado que pueda generar retornos razonables, incluso sin acceso a capital barato.

Esta transición sería compleja en cualquier circunstancia, pero es particularmente desafiante hoy, debido a las acciones pasadas de China. Tras haber puesto énfasis en la inversión en activos fijos, el país debe ahora lidiar con un enorme exceso de endeudamiento impagable por parte de desarrolladores y vehículos paraestatales.

Al reestructurar entidades sobreapalancadas, las autoridades chinas típicamente obligan a los inversionistas a cargar con las pérdidas, asignándoselas como les parezca mejor. Sin embargo, cuando ha habido temor a una pérdida de confianza generalizada, especialmente entre inversionistas extranjeros, estas entidades han sido rescatadas. Por eso es que hoy todas las miradas están puestas sobre el gigante inmobiliario Evergrande, que está altamente endeudado.

De manera similar, debido al trato displicente que ha tenido China en el pasado con respecto a los derechos de propiedad intelectual (PI) que ha hecho que las economías avanzadas se sientan cada vez más reticentes a compartir su investigación y conocimientos, hoy el país debe generar más PI propia. Y si bien cuenta con universidades y sofisticadas corporaciones que pueden hacerlo, la pregunta clave es si estas entidades tendrán los incentivos suficientes para innovar libremente a pesar de las últimas medidas de restricciones a las empresas.

La respuesta no es clara, porque el presidente Xi Jinping está decidido a mantener la posición del Partido Comunista Chino (PCCh) en la cúspide de la sociedad y los negocios chinos. Tras lanzar campañas de eliminación de la corrupción, ha tomado medidas para mejorar el papel de las empresas de propiedad estatal (EPE), incluso si estas tienden a ser los actores menos productivos de la economía china.

A pesar de la preferencia del gobierno central por las EPE, el sector privado ha crecido de manera sustancial (por lo general, con apoyo de los gobiernos locales) y empresarios ricos como Jack Ma, fundador de Alibaba, han cautivado la imaginación del público, incluso a veces atreviéndose a criticar las políticas del estado.

Las autoridades insisten en que las medidas contra magnates como Ma se toman en beneficio de la “prosperidad pública”. Se presentan como una forma de evitar la extrema riqueza individual (es decir, los multimillonarios), el monopolio corporativo (supuestamente Alibaba y Tencent han utilizado el poder de sus plataformas para limitar las opciones de los usuarios) y la explotación de los trabajadores por parte de plataformas que hasta hace poco se jactaban de su cultura de “996” (trabajar de 9:00 a 21:00 horas, seis días a la semana). Y será un golpe a favor de la privacidad de los datos (permitiendo la privacidad de los datos individuales frente a las corporaciones, aunque no ante el gobierno) y en contra de los flujos de datos transfronterizos y la influencia extranjera, incluidas las bolsas de valores extranjeras.

Por cierto, como con la campaña anticorrupción, muchos de los elementos de la nueva agenda parecen atractivos. ¿Quién estaría en desacuerdo con el eslogan “¿La vivienda es para vivir, no para especular”? El problema está no en los objetivos que se declaran, sino en el intento de lograrlos en un sistema que carece de contrapesos.

Si bien las autoridades han recalcado de que la campaña apunta a los empresarios más acaudalados y prominentes, en particular aquellos que no parecen aportar mucho valor social, también está lo suficientemente abierta como para afectar a prácticamente cualquier persona. Al tomar medidas contra los extremadamente ricos, el gobierno se arriesga a desalentar a los meramente ricos de intentar crear valor.

¿Quién decide lo que es socialmente valioso? Los burócratas y los funcionarios del partido. Fueron ellos los que decidieron que los videojuegos y las tutorías privadas eran más prescindibles que la fabricación de chips. Y hay muy pocas opciones para reconsiderar si se vuelven demasiado entusiastas en la ejecución de lo que piensan que desea Xi.

Aunque los paralelos con la Revolución Cultural de Mao probablemente sean exagerados, no lo son los temores de que estas medidas acaben por ser contraproducentes. Lo más probable es que inhiban la innovación y la toma de riesgos por parte del sector privado, al tiempo que imponen las muy conservadoras preferencias del partido sobre las actividades que se pretende estimular, algo que no va muy en línea con la necesidad de China de pasar a una producción de alto valor y que emplee a personas con mayores habilidades.

Más todavía, las medidas que se está adoptando no se podrán revertir fácilmente mañana. Una vez perdida la confianza en los mercados o en el gobierno, no será sencillo recuperarla. Esto es particularmente cierto en el caso de la confianza en el sector financiero, donde millones de ciudadanos chinos tienen sus ahorros amarrados a viviendas a medio terminar y a productos de gestión de capitales ofrecidos por firmas de inversión escasamente reguladas. Si bien las autoridades chinas tienen un historial de asignar pérdidas financieras sin precipitar reacciones de pánico, no deberían suponer que pueden seguir haciéndolo de esa manera.

El intento del gobierno de controlar el sector privado hará mucho más difícil que las corporaciones chinas accedan a los mercados internacionales, un factor importante para el crecimiento del país. Piénsese en las medidas para controlar los datos, que incluyen la exigencia de que sean guardados dentro de China. A las empresas de servicios chinas como Ant o ByteDance les será mucho más complicado vender productos en el extranjero si los potenciales clientes (y sus gobiernos) temen que el PCCh tenga acceso a sus datos personales.

El gobierno está intentando además reducir la influencia de las entidades reguladoras externas al desalentar las bolsas de valores extranjeras. Pero la percepción de que las empresas chinas están sujetas a los estándares de gobernanza occidentales es lo que les ha permitido acceder a capitales de riesgo. Eso no puede importar tanto ahora, cuando en China el capital abunda y es barato, pero esas condiciones cambiarán.

Si bien en grandes términos las medidas de China contra las empresas van en línea con el estado de ánimo general que impera en el planeta, se arriesgan a ir demasiado lejos, ya que son demasiado escasos los contrapesos al poder del PCC y a sus dirigentes al interior del partido. Puede que la lentitud de las negociaciones sobre las leyes presupuestarias en Washington, DC desaliente a muchos observadores, pero también habla de las virtudes del proceso democrático. Puesto que no hay una sola visión que se imponga, existen menos probabilidades de que un enfoque equivocado salga fuera de control.

El autor

Raghuram G. Rajan, ex gobernador del Banco de la Reserva de la India, es profesor de Finanzas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y autor, más recientemente, de The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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