Los modelos de pensiones deben ser concebidos como una corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y las personas

La jubilación a los 65 años es ridícula. Cuando yo tenía 65 años todavía tenía granos.

George Burns, cómico estadounidense activo hasta su fallecimiento a los 94 años.

Recientemente, se ha profundizado la discusión sobre el futuro y perspectivas de los distintos regímenes de pensiones, en parte, entre otras cosas, como resultado de que distintas empresas y organismos públicos, que cuentan con estructuras pensionarias propias, muestran una enorme fragilidad en la forma en que construyeron sus sistemas de pensiones y por ello carecen de recursos para cumplir sus compromisos pensionarios establecidos.

Para muchos, la obligación de las pensiones es inherente al Estado, y por lo tanto cualquier déficit de recursos presente o futuro o la asignación de los recursos necesarios para contar con pensiones dignas debe obtenerse de los recursos que administra el Estado.

Sin embargo, esta premisa falla en reconocer que, pese a que muchos problemas actuales se derivan de una inadecuada planeación, lentitud en entender las transformaciones sociodemográficas, la falta de propuestas oportunas para realizar los cambios necesarios para adecuar los regímenes de pensiones a una nueva realidad, la poca profundidad de algunos de los cambios realizados y, sobre todo, la falta de voluntad política para asumir el costo de realizar los cambios que se requieren, éstos hacen virtualmente imposible que el Estado subsane totalmente estas carencias.

Para atender estos temas son necesarias dos vías que son simultáneas y paralelas, pues ambas por sí solas son insuficientes.

La primera pasa por mejorar la capacidad económica del Estado, a través de una adecuada priorización del gasto público, fundamentalmente hacia las actividades que propicien a su vez la generación de mayor riqueza por parte de la sociedad. Las experiencias en que el Estado por sí solo podría generar riqueza han quedado en el pasado y típicamente estuvieron vinculadas a la explotación de recursos naturales, a cargo de entidades estatales. Las experiencias de los grandes fondos soberanos árabes y de países escandinavos reflejan esa visión, en la que, anticipándose a un futuro donde dichos recursos irían decreciendo, se acumuló riqueza para invertirla en otros temas que favorecieran el crecimiento económico de los países.

Por ello, la priorización de los recursos del Estado hacia los sectores que efectivamente demuestren mayor dinamismo en el futuro y que propicien la creación de empleos más estables y mejor remunerados para la población es indispensable para contribuir a la generación de recursos pensionarios adecuados. En la misma vía, es indispensable que el Estado garantice modelos fiscales que amplíen la base tributaria de empresas y personas (atacando la informalidad y la evasión) para que se disminuya la carga en lo individual pero se amplié la masa de recaudación total.

La segunda vía, paralela, requiere profundizar en los cambios indispensables e impostergables para adecuar los modelos de pensiones a una nueva realidad, modificaciones en la edad de retiro, que reconozcan los cambios que ha sufrido la sociedad en su esperanza de vida y en los años de vida productiva de las personas, así como una mayor eficiencia en la administración de los recursos por parte de las entidades especializadas en la administración de recursos pensionarios.

Resulta a contracorriente y sumamente riesgoso recuperar ideas en las que el Estado se haga cargo de la administración de esos recursos. Las experiencias recientes han mostrado la enorme tentación de que el gobierno utilice los recursos para las pensiones futuras, con visión de corto plazo y con objetivos laterales más importantes que el fundamental de mejorar las pensiones de los trabajadores.

Desafortunadamente, hoy la discusión de muchos de estos temas ha sido descartada para los siguientes años. Ello genera la certidumbre de una mayor complejidad futura ante la postergación de las decisiones que se requieren tomar hoy.

A esta complejidad se suman además, como ya se señaló, ciertos modelos pensionarios (por ejemplo de universidades y entidades paraestatales), que fueron concebidos más como mecanismos de control político, pero sin entender las implicaciones de largo plazo de ciertas condiciones establecidas en los mismos.

Algunos de estos modelos, por ejemplo, incorporaban y mantienen aún condiciones de jubilación por años de servicio, que propician que personas entren en fase de jubilación en edades tan tempranas como 45 años, lo que representa una obligación financiera futura insostenible para cualquier modelo financiero pensionario.

Los modelos de pensiones deben ser concebidos como una corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y las personas, para que con las decisiones técnicas adecuadas, que reconozcan la realidad de la sociedad y de su condición sociodemográfica, garanticen para el futuro pensiones que, por lo menos, eviten la pauperización y degradación de la calidad de vida de enormes porciones de la población.

El autor es politólogo, mercadólogo, especialista en economía conductual y profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y presidente del Consejo para el Fomento de Fondo de Ahorro Educativo de Mexicana de Becas. Síguelo en Twitter: @martinezsolares

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Raúl Martínez Solares

CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo

Economía Conductual

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo.

Síguelo en Twitter: @martinezsolares