La primaria Emiliano Zapata, en el centro de la localidad de El Carrizal el Chico, en el municipio de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, tiene sólo 40 alumnos en los seis grados y en su terreno caben muy bien: es de mil 500 metros cuadrados. La otra única escuela es un preescolar para 15 niños. 

Por eso, desde hace meses y con razón, los padres y los niños se preguntan por qué no regresan a clases si pueden perfectamente estar en pequeños grupos y a salvo.

Su situación la conocen bien el presidente municipal y el secretario de educación de Hidalgo, como debe ser. Ellos saben que sólo hay 45 planteles en todo Metzquititlán, que la mayoría son preescolares con capacidad para 20 niños, que las primarias tienen menos de 100 estudiantes cada una y que las que presentan mayor aglomeración (hasta 300 niños) son las secundarias. También saben si las escuelas tienen patio interior, si están techadas, si hay ventanales. 

Sin embargo, la política de regreso a clases la definieron, durante dos ciclos escolares, los funcionarios que despachan en el centro de la Ciudad de México, que algo sabrán, no lo descartemos, pero no como las autoridades locales.

Y éstas, por fin se dieron cuenta de que no necesitan permiso o que les hagan la tarea. En distintos estados, las autoridades educativas despertaron y establecieron criterios diferenciados para el regreso a clases. En Hidalgo, por ejemplo, lo harán en tres fases y el eje es territorial. Empezarán sólo con 15 municipios y seguirán con presenciales en el resto. La autoridad local sí conoce la primaria de El Carrizal y sabe que puede regresar a actividades sin problema alguno. 

En Baja California Sur decidieron impulsar el regreso virtual en sus 288 escuelas, con miras a la presencialidad o a esquemas híbridos hasta 15 días después del arranque, tras un diagnóstico maestro por maestro y escuela por escuela de los grupos que tomen clases.

En Yucatán elaboraron protocolos para entrar y salir, horarios reducidos y regreso escalonado.

En Oaxaca eligieron sólo a 16% de las escuelas públicas para regresar a los salones, pero decidieron que en el 85 por ciento de las privadas sí había condiciones para ello.

En Guanajuato, las autoridades anunciaron el regreso presencial completo en escuelas que tienen menos de 20 alumnos en zonas rurales de bajo riesgo de contagio.

En la Ciudad de México invirtieron en la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas todos los millones que pudieron (ahí les alcanza para gastar más de 2 mil) y han anunciado el regreso presencial en absolutamente todos los planteles, con protocolos limitados al decálogo federal. 

En Veracruz tienen otros problemas. Qué regreso ni qué nada para las 3 mil escuelas que fueron dañadas por el huracán. Esas 3 mil no están pensando ahorita en gel antibacterial.

Este listado no es exhaustivo pero me parece que basta para ilustrar la diversidad de políticas públicas particulares que se pueden derivar de una política general (el regreso a clases). Las autoridades locales y estatales tienden a dormirse en sus laureles, pero cuando se despiertan, pueden mostrar mucho más caminos. 

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

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